Nueve de cada diez anuncios de alimentos dirigidos a menores son de productos poco saludables -ricos en grasas saturadas, azúcares refinados o alimentos procesados-, cuyo consumo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión arterial o colesterol elevado.
La plataforma de Infancia ha puesto en marcha la campaña #PubliConCoco para pedir al Gobierno y al Ministerio de Consumo una normativa específica y eficaz que regule la publicidad de alimentos dirigida a los menores.
"Actualmente no existe una normativa específica para este tipo de publicidad, tan solo hay un código de corregulación que no es de obligado cumplimiento", explica la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, quien lamenta que ese modelo "ha demostrado ser ineficaz para promover una alimentación saludable".
"La evidencia científica es clara, cuanta más publicidad de alimentos no saludables, mayor consumo, sobre todo en la infancia y la adolescencia", asevera.
España es uno de los países de la Unión Europea en los que la tasa de riesgo de pobreza infantil y la de obesidad muestran una correlación más alta, destaca la campaña.
El doble de niños con obesidad en familias pobres
La pobreza y la desigualdad social en la infancia tienen una relación directa con la malnutrición y el exceso de peso.
El porcentaje de niñas, niños y adolescentes con obesidad se duplica en los hogares con menos ingresos (un 23,7 %) en comparación con los que tienen unos ingresos más elevados (un 10,5 %).
La plataforma ha recogido las propuestas de niños y adolescentes sobre esta cuestión para aportar su visión y medidas para mejorar.
Los menores piden que los componentes dañinos de alimentos y bebidas estén más claros en el etiquetado, que se organicen charlas en los centros escolares sobre la publicidad de alimentos o que los reglamentos sean más estrictos.
Desde la Plataforma insisten en la urgencia de aprobar una norma vinculante que regule la publicidad de alimentos dirigidos menores, la prohibición de anuncios de productos no saludables dirigidos a la infancia y establecer sanciones, como han hecho otros países de la Unión Europea como Portugal.
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