Sin embargo, queda pendiente de solución la carencia de personal que padece el juzgado de Estepona, y que lo sitúa, junto con Marbella y Málaga capital, a la cabeza en este sentido. El problema es que la bolsa de interinos de la Administración de Justicia está agotada en la provincia, de modo que la Junta de Andalucía, para cubrir las vacantes, debe recurrir a personal no cualificado de las listas del Servicio Andaluz de Empleo.
Esta es una de las conclusiones del estudio elaborado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tras la polémica surgida por los errores judiciales en el caso Mari Luz, que ha puesto sobre la mesa la necesidad de incrementar la plantilla con 242 funcionarios más en la provincia.
En el caso de Estepona, localidad en la que ingresan unas cuatro mil diligencias previas al año, la plantilla de funcionarios es calificada de "inestable", con nueve titulares y 21 interinos, estando clasificados los tres primeros juzgados como "sedes conflictivas". Excepto el juzgado número 2, todos cuentan con medidas de refuerzo.
Petición de traslado
La jueza instructora del caso Astapa, Isabel Conejo, tendrá que incorporarse el 30 de diciembre a su nuevo destino en virtud de la solicitud que ella misma realizó y que, con posterioridad, intentó posponer para poder continuar con la investigación judicial del citado caso. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado, además, la petición de la juez seguir con el mismo en comisión de servicios.
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