Pepa Conde quiere destacar que esta sentencia confirma que hubo mucha permisividad en los mandatos anteriores de equipos de gobierno, que en lugar de “velar por la legalidad, permitieron construcciones ilegales”.
Desde Izquierda Unida se denunciaron muchas irregularidades urbanísticas, destacan mediante un comunicado de prensa, que ahora están saliendo a la luz, en este caso bajo una licencia de reformas, explican, se construyeron y ampliaron diversas instalaciones, a sabiendas de que era una zona delimitada como Sistema General de Espacios Libres (SGEL).
La candidata de Izquierda Unida muestra su preocupación por el hecho de que haya trabajadores “que pueden verse afectados” por esta sentencia, y achaca a la empresa y al Ayuntamiento que estos “sean víctimas del pelotazo urbanístico que pretendían haber dado”, y aclara que “podrían haber realizado estas infraestructuras en una zona limítrofe que no afectaba a espacios protegidos”, como desde Izquierda Unida “defendimos entonces y no se habría llegado a esta situación”, lamenta Conde.
Sin lugar a dudas, el dictamen del Tribunal Supremo es bastante claro en este aspecto, por lo que se apoya la decisión tomada por el TSJA en 2005, por lo tanto, la petición del derribo sigue en marcha, a pesar de que Jale y Las Beatillas han intentado que no fuera así mediante el recurso de casación que ahora se sabe que se ha denegado.
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