La sentencia, a la que tenido acceso Efe, pone fin al proceso judicial abierto en marzo de 2008 después de la detención de los hermanos del Valle en Pajaroncillo (Cuenca) y por el cual se celebró juicio oral entre el 16 y 25 de febrero en el que participaron más de 70 testificales, entre testigos y peritos.
En la sentencia, el tribunal condena a Santiago del Valle a 19 años de prisión por un delito de asesinato y a 3 años por un delito de abuso sexual con la agravante de reincidencia y a Rosa del Valle a 9 años por cómplice del delito de asesinato.
Además, Santiago del Valle no podrá residir en Huelva ni comunicarse con los familiares de Mari Luz durante 32 años y su hermana Rosa durante 19.
El tribunal ha acordado, dada la gravedad de los delitos, que no puedan disfrutar del tercer grado penitenciario antes del cumplimiento de la mitad de la condena total impuesta.
Los condenados deberán indemnizar a los padres y hermanos de Mari Luz con 166.000 euros en concepto de daños y perjuicios y con otros 19.000 en concepto de daño moral añadido por los 54 días que transcurrieron entre la muerte de la menor y el descubrimiento del cadáver el 7 de marzo de 2008.
En la sentencia se ordena también que se deduzca testimonio de Isabel García, mujer de Santiago del Valle, por la posible comisión durante su declaración en el juicio como testigo de un delito de falso testimonio, dando respuesta a la petición que la Fiscalía y la defensa de Rosa del Valle realizaron durante el juicio.
Por su parte, Juan José Cortés, el padre de Mari Luz, ha manifestado que la sentencia ha dejado a la familia “bloqueada y en cierta manera frustrada” y, a pesar de no poderla valorar por ello, ha indicado que “lamentablemente la Justicia que tenemos impone condenas cortas y es benévola con los criminales”, expresando su deseo de que “esto cambie de una vez por todas”.
La sentencia considera probado que entre las 16:30 y 16:40 horas del 13 de enero de 2008 la niña, que tenía 5 años, salió de su domicilio de la barriada de El Torrejón de Huelva, se dirigió a un kiosco próximo para comprar chucherías y al regreso Santiago del Valle, que la observaba desde su ventana, llamó su atención tirándole un oso de peluche que ésta recogió para devolvérselo.
La menor subió el único tramo de escalera que lleva al domicilio de Santiago, que comenzó a realizar a la niña tocamientos y para evitar que huyera la agarró por la muñeca y por el tórax, forcejeo en el que la menor sufrió lesiones que “no sangraron pero fueron de entidad suficiente como para dejar a la menor inconsciente”.
Del Valle decidió deshacerse de la niña, metiéndola en un carrito de la compra y pidiendo a su hermana Rosa, tras contarle lo sucedido, que lo llevara en su coche a la zona de marismas próxima al Estero del Rincón donde arrojó a la menor al agua “cuando aún estaba viva, muriendo por asfixia por sumersión”, dice la sentencia.
El fiscal, Alfredo Flores, se ha mostrado satisfecho por la sentencia, que recoge en un 80 o 90 por ciento sus peticiones.
El abogado de Santiago del Valle, Juan López Rueda, ha asegurado que está convencido de que una vez que le comunique a su cliente la sentencia éste le pedirá que recurra, ya que en todo momento, incluso en el juicio, mantuvo su inocencia, y ha precisado, en relación al delito de abuso sexual que “no hay pruebas directas, sólo indicios”.
Manuel Domínguez, abogado de Rosa del Valle, ha apuntado que tiene un sentimiento “ambivalente o agridulce” pues “está bien que se haya estimado que, como decíamos desde un principio, no haya cooperación necesaria de Rosa pero, así y todo la condena es por cómplice de asesinato”.
La muerte de la niña Mari Luz ha sido un caso envuelto siempre en la polémica
El caso Mari Luz ha estado marcado por la polémica desde el inicio, cuando se detectaron graves errores judiciales, y ha provocado la reforma del código penal en relación con los pederastas.
El error judicial más grave fue el que permitió que Santiago del Valle se encontrara en libertad cuando sucedieron los hechos (2008), pese a que había sido condenado a prisión en 2005 por abusos sexuales contra su propia hija, en una sentencia que llevaba dos años y medio sin ejecutarse.
Esta circunstancia llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir expediente a Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no ejecutó la sentencia y al que se multó con 1.502 euros por “falta grave”.
La “levedad” de la sanción fue cuestionada públicamente por diversos políticos, hecho que provocó el malestar de los jueces, que el 18 de febrero de 2009 protagonizaron el primer paro judicial de la historia de España, para protestar por la falta de medios de una Justicia obsoleta.
Antes, en 2008, 46 magistrados del Tribunal Supremo firmaron un manifiesto contra la “intromisión” del Gobierno en la Justicia.
Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Tirado, fue también sancionada con seis meses de suspensión de empleo y sueldo, lo que también provocó una huelga de Secretarios Judiciales, en octubre de 2008.
El padre de la víctima, Juan José Cortés, que mantuvo una actitud muy activa durante el proceso, reunió más de dos millones de firmas a favor del endurecimiento de las penas para pederastas, que finalmente se vio reflejada en una Reforma del Código Penal.
La última polémica tuvo lugar el pasado 25 de febrero, cuando Isabel García, la mujer del asesino, se retractó en “El programa de Ana Rosa” de su declaración ante el tribunal y aseguró que su marido “se cargó a Mari Luz”.
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