La portavoz del Ejecutivo andaluz, Mar Moreno, advirtió ayer de que emprenderán acciones legales contra aquellos que “calumnien” al presidente de la Junta apuntando que conocía la trama de los ERE, puesto que “ningún informe” de la Intervención General de Hacienda (dependiente de la Consejería de Economía con Griñán al frente) detectó ni irregularidades ni fraudes ni quebranto a las arcas públicas.
Según el planteamiento de Moreno, aunque los tres informes sí manifestaban “discrepancias” en el procedimiento utilizado e instaban a modificarlo, “ninguna de la auditorías realizadas detectó fraude, fondos ilegales o elemento que revelara que se ocasionaba menoscabo de los fondos públicos”, por lo que sostener que el entonces consejero de Economía y Hacienda (por Griñán) “lo conocía o lo tapó es calumniarlo”.
“Si Arenas se atreve a acusar a Griñán de haber conocido o encubierto estos presuntos fraudes o delitos se habrá convertido en un calumniador que no merece representar a sus votantes”, dijo.
Para Moreno, “de ninguna manera estamos ante un caso de corrupción que afecte a un Gobierno”, por lo que apuntó que el Ejecutivo andaluz “no va a permitir que el PP le dé la vuelta a la tortilla”, ya que la Junta ha sido la que “ha destapado, ha denunciado y descubierto a los que se han estado beneficiando o beneficiado a familiares o amigos” con cargo a las prejubilaciones, una actitud que tachó de deplorable.
La consejera de Presidencia reconoció que “ya es bastante duro” reconocer y denunciar este tipo de irregularidades, pero defendió el trabajo del cuerpo de interventores de la Junta y volvió a situar las responsabilidades “en los centros directivos”, puesto que las irregularidades se detectaron incluso tras el cese de Francisco Javier Guerrero. “Puede haber cuestiones administrativas no ilegales”, decía justificando que lo que pretenden es que “afloren los ilícitos”, puesto que también están de acuerdo con el líder de UGT-A, Manuel Pastrana, en que muchas de las irregularidades detectadas no serán finalmente calificadas como delito.
También rechazó las posibles responsabilidades políticas de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, puesto que ambos hicieron uso de la partida 31.L para empresas en crisis, que “era legal”, pero que hay que distinguir “del director general que prejubila a su suegra o a alguien de su entorno”.
En cuanto al presunto fraude en las ayudas de la UE al empleo que, según la Fiscalía General del Estado, se ha producido en siete de la ocho provincias de la comunidad, apuntó que “no ha habido descontrol ni fraude masivo, todo lo contrario ha habido un control masivo y una actuación diligente por parte de la Junta. Más de 6.000 inspecciones en cuatro años antes de que la Guardia Civil comenzara con la investigación”, aseguró.
A pesar de esta advertencia, el presidente del PP-A, Javier Arenas, sostuvo ayer que Griñán “supo lo que pasaba, lo tapó y lo siguió autorizando”. Arenas, que presidió ayer en Maracena (Granada) un comité ejecutivo regional del PP andaluz, se preguntó porqué Griñán “no hizo nada” cuando los informes de Intervención de Hacienda de 2005, 2006 y 2007 reflejaron que esos procedimientos “no eran correctos”.
“Dicen que la culpa de los ERE la tiene un director general que ya no está”, señaló Arenas en referencia al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, para asegurar que el sucesor de éste ha seguido el mismo procedimiento.
“Cómo un director general va a disponer sin que lo sepa el consejero y cómo el consejero va a repartir millones sin que lo sepa el presidente”, se preguntó Arenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción debería intervenir en este asunto.
La juez pide los expedientes completos de los ERE y con copia compulsada
La juez que investiga un presunto fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados por la Junta ha reclamado a la Administración copia compulsada de toda la documentación pues considera insuficiente la mera notificación de un primer grupo de 39 irregularidades.
Fuentes del caso han informado a Efe de que la juez de instrucción 6, en respuesta al escrito de la Junta del pasado 1 de marzo con un primer grupo de 39 irregularidades, ha respondido que debe entregar copia compulsada de la totalidad del expediente de cada una de las prejubilaciones.
Estas diligencias se refieren al primer grupo de 39 presuntas irregularidades, ya que aún no ha llegado al juzgado el segundo grupo de 33 prejubilaciones bajo sospecha de los que dio cuenta el pasado jueves el consejero de Empleo, Manuel Recio.
La Policía Judicial está investigando el caso por orden de la juez, pero de momento solo se está dando cuenta a la Fiscalía, ya que nadie se ha personado en este nuevo sumario por ERE irregulares.
La juez Mercedes Alaya abrió estas diligencias como consecuencia de sus investigaciones sobre el caso Mercasevilla, en el que ha abierto cuatro sumarios: el referente a la petición de comisiones ilegales, otro por lo que ha denominado “venta fraudulenta” de los terrenos de la empresa, un tercero por delito societario y finalmente otro para investigar los ERE del mercado central en 2003 y 2007.
A este respecto, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, apuntó que “debe haber un desfase” entre la solicitud de petición y la solicitud porque el viernes se enviaron los 12 expedientes “completos” correspondientes a las primeras irregularidades detectadas y el avance de las siete restantes, por lo que reiteró que la Junta está actuando con “celeridad y diligencia” con la justicia.
Ponce reclama a un empresario 18.000 euros
Mientras, Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla imputado en varios sumarios del caso, ha reclamado 18.000 euros de indemnización al dueño de la empresa Larena por imputarle hechos delictivos en una entrevista periodística.
La demanda se refiere a la entrevista publicada el 20 de febrero pasado por el diario ABC, en la que el empresario Antonio Pardal Reyes calificaba a Ponce de “pícaro de los que han existido siempre en Sevilla” y afirmaba que viajó a Madrid a costa de su dinero “para recibir diez millones de pesetas en la estación de Atocha” y con esos mismos fondos se pagó mariscadas y platos de cordero en un conocido restaurante del barrio sevillano de Nervión.
Pardal es el dueño de la empresa Larena 98, que poseía un derecho de superficie en Mercasevilla que traspasó a la inmobiliaria Sanma, lo que permitió a ésta situarse el primer lugar del concurso público para la compra de los terrenos de Mercasevilla, investigada por la jueza de instrucción 6 de Sevilla.
El abogado de Ponce, Simón Fernández Rebollo, dice en su escrito que la citada entrevista “imputa con falacia a mi representado cuando menos un delito de apropiación indebida”, al afirmar “con notorio desprecio a la verdad” que destinó “a francachelas” las cantidades que recibía. Se trata de afirmaciones “rotundamente falsas que lesionan gravemente el honor y la imagen de mi representado”, por lo que Ponce exige a Pardal que se retracte públicamente y que le indemnice en 18.000 euros, pues en caso contrario presentará una querella por calumnias.
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