Solo en el mes de mayo la Guardia Civil ha llevado a cabo al menos seis operaciones contra el robo de cobre, con 82 detenidos. Son datos que dan una idea del auge de este goloso "negocio", que está acompasando la curva de su actividad a las oscilaciones del precio de este metal conductor.
De hecho los números cantan. Si antes de la pandemia, en 2019, los hechos delictivos conocidos de esta naturaleza -robo de cobre y otros materiales conductores- se cifraron en 2.367, el pasado año cerró con 4.053, un 71 por ciento más.
Las cifras, procedentes del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior y a las que ha tenido acceso EFE, incluyen los hechos conocidos por la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Foral de Navarra y los cuerpos municipales, por lo que los datos de Cataluña y País Vasco no son representativos en este informe al contar con policías integrales: Mossos d'Esquadra y Ertzaintza.
En cualquier caso, es la Guardia Civil la que mayor número de operaciones contra este delito lleva a cabo, toda vez que en esas otras quince comunidades autónomas una gran parte de los robos se perpetran en su demarcación.
Por eso, EFE ha consultado a los expertos de su Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), quienes reconocen ese "auge" en la sustracción, relacionado -dicen- con el precio del cobre. "Es decir, si aumenta el precio del cobre, porque está habiendo más demanda, también lo va a hacer el número de delitos", reiteran.
Incluso cuando en algún trimestre -el cobre tiene su cotización-, este metal ha disminuido su precio, también lo ha hecho el número de hechos delictivos, insisten los expertos.
Un modus operandi en cuatro fases
Los investigadores han constatado en estas infracciones penales un "modus operandi" en cuatro fases diferentes.
Así, lo primero y fundamental es localizar la zona y que sea lo más "segura" posible para estos delincuentes. Cuando ven el momento oportuno, proceden a cortar el cable y a sustraerlo, en muchas ocasiones de día, aunque se ha constatado sustracciones por la noche.
La tercera fase es "limpiarlo" o "pelarlo". Sin ello, no se llegaría a la cuarta fase: la venta. ¿Dónde? Pues especialmente a las chatarrerías, que se convierten en receptadores de la mercancía.
Y ante este "movimiento" del delito, la Guardia Civil está también apostando por una labor preventiva, con controles e inspecciones constantes.
Sus investigadores hacen un llamamiento a que cuando se denuncie un sustracción de cable de cobre, se aporte la máxima información posible, porque "cualquier detalle puede ser de gran importancia para proceder a la investigación y para crear esa inteligencia que nos permite seguir detectando el delito", subrayan desde la UTPJ.
Españoles y rumanos al frente de las redes
Son españoles y rumanos los que "lideran" esta actividad ilícita. Están generalmente al frente de grupos criminales que no siempre son "estructurados".
La Guardia Civil ha detectado un incremento de robos en Andalucía, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Y es que, en términos absolutos, son las regiones que acumulan más hechos delictivos.
Como es lógico, las empresas eléctricas y las de telecomunicaciones son las víctimas de estos "cacos" que se lucran con estos robos. Prácticamente, el beneficio es "limpio", porque esté a lo que esté el precio del este metal, la inversión que hacen es mínima y pueden venderlo a la cantidad que quieran, siempre que esté por debajo de la cotización.
Actualmente, el precio legal de la tonelada es de en torno a las 8.800 euros. Las ganancias de los "malos" llegan a ser millonarias, como ha comprobado la Guardia Civil en muchas de sus investigaciones.
No está exento de peligro cortar un cable, pero los ladrones ya se ha pertrechado de un material adecuado y conocen la técnica que le permite salir ilesos de la operación. Saben por donde cortar.
Las operaciones más relevantes
Son muchas las operaciones que la Guardia Civil realiza contra estos robos, pero algunas han sido de especial trascendencia.
Entre ellas, la denominada 'Filium Ou', desarrollada por la Guardia Civil de Ourense a finales del pasado año y en la que se detuvo a siete personas, todas ellas de nacionalidad española que habían perpetrado 57 sustracciones.
Las fuentes de la UTPJ destacan la colaboración y el intercambio de información constante que hubo con Portugal y con Europol, que coordinó toda la operación.
Otra operación, más reciente, llamada 'Ascia' supuso el desmantelamiento por el instituto armado de una red dedicada al robo de cable de cobre en Ávila, Valladolid, Córdoba y Sevilla.
Se detuvo a 36 personas y otras 6 fueron investigadas después de robar un total de 34.215 metros, valorados en dos millones de euros, de los que se recuperaron 13 toneladas.
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