En declaraciones a los periodistas en Chucena (Huelva), donde participó en los actos de conmemoración del Día de Andalucía en el CEIP Manuel Siurot, indicó que hacer insinuaciones de esa naturaleza, es “una forma de hacer política que me repugna”.
Sobre este mismo tema reiteró que los ERE y las ayudas a personas que pierden empleo y a empresas con dificultades se han hecho en “su inmensa mayoría con arreglo a la legalidad” y han solucionado “muchos problemas” y abogó por, a partir de ahí, dejar actuar a la Justicia.
Asimismo, quiso dejar claro que cuando la Junta se encuentre ante cualquier circunstancia que no corresponda a la legalidad o sea anómala “dará cuenta al juzgado”, asegurando que “mantienen la investigación abierta a todos los supuestos de ayuda a empleo”.
También el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, hizo referencia a las sospechas de Arenas sobre la financiación ilegal del PSOE a través de la trama de los ERE, acusando al líder del PP-A de convertirse en “un profesional de la mentira sin aportar pruebas”.
Durante una visita al centro de formación Redes Sevilla, Chaves declaró a los periodistas que Arenas “difama demasiado”, y que le “sorprende” que haga una acusación “sin ningún tipo de pruebas”, cuando, según señaló, “es él el que debería explicar” por qué se celebraron actos públicos del PP “con fondos pertenecientes a la trama Gürtel” para que “determinados dirigentes populares pudieran ser presidentes de comunidades autónomas”.
El expresidente de la Junta dijo también que “siempre” va a defender “las políticas públicas” realizadas durante su mandato, aunque reconoció que “es posible” que se hayan podido cometer “irregularidades”, y que para confirmarlo “está la Justicia”.
Además, rechazó la estrategia del PP de abrir una “causa general” sobre las ayudas de la Junta a empresas y trabajadores, lo que calificó de “disparate”.
Chaves advirtió al presidente del PP-A de que “le va a pasar lo mismo” que con el ERE de Minas de Riotinto, en el que el PSOE-A implicó al exdelegado del Gobierno en Andalucía y actual candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, en las supuestas irregularidades.
Mientras, el PP denunció ayer que la propia Junta de Andalucía ha admitido en un escrito remitido a la juez que investiga las ayudas públicas a algunos ERE a empresas en crisis la “ilegalidad” del procedimiento utilizado, ya que las subvenciones debían realizarse conforme a la Ley General de Hacienda Pública.
Esta denuncia, realizada en rueda de prensa por la portavoz del PP-A, Rosario Soto, se efectúa en virtud de un escrito enviado el 18 de junio de 2010 por el actual director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, a la jueza de instrucción número 6, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en algunos ERE.
La jueza solicitó a la Consejería de Empleo que explicara el procedimiento usado para proceder a las ayudas al ERE de 2007 de Mercasevilla, un “compromiso de pago” que no realizó la Junta porque tendría que haberse hecho “conforme a la normativa de subvenciones aplicables al efecto”.
Según el escrito firmado por Rivera, el marco normativo principal se hallaría en la Ley de Subvenciones y la Ley de General de la Hacienda Pública, entre otras, por lo que en el caso de las ayudas al ERE de Mercasevilla de 2007 la Junta justifica no haberlas abonado en que “no existe ningún procedimiento subvencional disciplinado con arreglo a las normas de derecho administrativo”.
Esto lleva a deducir al PP que la Junta está reconociendo la “ilegalidad” del procedimiento efectuado para las ayudas a los ERE de empresas en crisis que están siendo investigados por la Justicia, ya que se terminaba haciendo mediante una transferencia de financiación a la explotación del IFA -posteriormente IDEA-.
Soto señaló que es la propia Junta la que admite que mediante este procedimiento “se está incumpliendo” la Ley de Subvenciones porque estas “tendrían que haberse dado en base a un procedimiento reglado”, algo que no se ha hecho con los ERE investigados.
Valderas cree que el Parlamento debe investigar al Gobierno “descontrolado”
El coordinador andaluz de IU, Diego Valderas, volvió a plantear ayer que el Parlamento andaluz investigue las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta, petición que justificó en la “necesidad” de controlar a un Gobierno “descontrolado”.
En declaraciones a Efe, el dirigente de IU anunció que su formación no dudará en solicitar una comisión de investigación si las “acusaciones” de dirigentes socialistas sobre posibles irregularidades en algunos ERE durante la etapa del PP al frente del Gobierno central se abren paso y están “fundamentadas y razonadas”.
“Griñán y el PSOE-A cometen un gran error al impedir una comisión de investigación en el Parlamento, que supone la anulación del legislativo cuando estamos ante la acción de una Gobierno andaluz descontrolado”, advirtió.
A juicio del también portavoz parlamentario de IU, el caso de los expedientes de regulación de empleo tienen dos partes: “quien ha metido la mano y quien ha metido la pata. Los que ha metido la pata lo tiene que pagar con su responsabilidad política y los que han metido la mano deben ir a la justicia”, sostuvo.
Valderas lamentó que el PSOE andaluz y “su mayoría absoluta, no estén dando ejemplo a los ciudadanos” al impedir la comisión de investigación, y consideró que si la Junta “no tiene nada que esconder le hubiera sido más rentable apostar por la transparencia”.
“Creo que cuando Griñán cambió la Consejería de Empleo percibía lo que había, pero en lugar de limpiar la era se ha quedado cortito y se esconde detrás de la justicia”, criticó el líder de IU.
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