Sanz se refería al expediente de regulación de empleo presentado por la bodega jerezana González Byass y en el que estaba incluido Antonio Fernández por ser trabajador de la empresa pero en excedencia. El dirigente popular consideró “llamativo” y no “muy normal” que “lo primero que aparece es un consejero en un ERE otorgado por sí mismo”, algo sobre lo que “alguien tendría que dar una explicación”.
A este respecto, la Oficina del Portavoz confirmó al Grupo Información que Fernández estaba incluido en el ERE de González Byass y que “tenía derecho a él, pero que resolvió no seguir cobrándolo”.
El actual consejero de Empleo, Manuel Recio, ya descartó en noviembre cualquier “irregularidad de carácter legal” en el ERE de González Byass y apuntó que desde su “conocimiento”, Fernández “sí” reunía los requisitos necesarios para acogerse al expediente, aunque entonces sólo se había realizado “un estudio preliminar” del procedimiento.
Quien firmó el expediente, según el consejero actual, fue el delegado provincial del ramo en Cádiz, Juan Bouza, aunque Recio reconoció que él “no hubiera actuado de la misma manera” que Antonio Fernández.
No es la primera vez que Recio se tiene que encontrar con herencias casi sorprendentes de su antecesor en el cargo. Así, a finales de noviembre pasado también se tuvo conocimiento de que Manuel Recio tuvo que pedir a la Policía Autonómica que abriera una caja fuerte encontrada en la Consejería, en la que no se halló documentación alguna.
Además, también se descubrió un sistema de grabación oculto en dos despachos que utilizan miembros del gabinete de Recio. Las cámaras estaban instaladas en un despacho anexo al suyo y en la sala de reuniones, grababan las 24 horas y registraban las imágenes en un disco duro dentro de un armario cerrado con llave.
Según comentaba entonces el presidente del PP-A, Javier Arenas, la caja fuerte de Fernández pone de manifiesto una “historia truculenta que no tiene parangón en los 30 años de democracia”. Para Arenas, resultaba “inexplicable” que Recio no supiera la existencia de esa caja fuerte y que el anterior consejero no se lo hubiese comunicado, apuntando que “cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo me enseñaron dónde estaban todos los cajones, que, por cierto, estaban vacíos”.
Ex altos cargos
En cuanto a la implicación de ex altos cargos del PSOE, el presidente andaluz José Antonio Griñán pidió ayer no especular sobre las personas, porque puede ser que usar nombres falsos para percibir recursos sea parte de la “trama urdida” tras conocerse el caso Mercasevilla.
Griñán se refirió a las informaciones que indican que entre los 37 nuevos casos de falsos prejubilados en diferentes ERE detectados por la Junta estarían el ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, y el ex delegado de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Rodríguez Cordobés.
Sobre este último, según fuentes consultadas por el Grupo Información, Rodríguez Cordobés se prejubiló hace cuatro meses de forma anticipada por motivos de salud y nunca ha formado parte de ningún ERE. Además, lleva alejado de la vida política desde el 2000, en el que retomó su actividad como profesor en la Escuela de Artesanía de Gelves (Sevilla).
“Sobre estas personas es bueno que no especulemos y no hablemos porque pueden ser inocentes. También, porque puede ser que la trama urdida entorno a los expedientes sea utilizar nombres falsos para percibir recursos”, decía ayer el presidente. “No quiero hablar de nombres. Puede ser o no ser. Hay que entender que de las personas que figuran puede ser perfectamente inocentes y pueden ser utilizados sus nombres con fines ilícitos”, añadió Griñán.
“Sabemos que quien ha autorizado estos nombres ha cometido una irregularidad manifiesta, pero no sabemos si los nombres forman parte de la irregularidad. Y si forman parte, ya están en la Justicia”, dijo Griñán.
Mientras, la justicia continua sus indagaciones centrándose en los ERE en los que actuaron como intermediarias las empresas Uniter y Vitalia, cuyas sedes han sido registradas. Uniter fue la encargadas de gestionar el ERE de Delphi, pero también están en estudio los de la Franja Pirítica de Huelva y el de Boliden.
Griñán dice que han ido más allá de los requerimientos
José Antonio Griñán afirmó que la Junta “ha ido colaborando en todo lo que pedía la instrucción de la causa de Mercasevilla, pero también en lo que no solicitaba y nosotros considerábamos que podía ser una actuación irregular”.
Griñán recordó que la Junta de Andalucía fue quien inició el procedimiento de Mercasevilla y presentó la denuncia. “Se ha ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que podían haber sido irregulares”, subrayó.
Añadió que han percibido que “existen estas irregularidades” y lo han puesto en conocimiento de la Fiscalía, como además han pedido la personación en la causa y que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparezca en el Parlamento, además de que se van a mandar todos los expedientes a la Cámara de Cuentas.
“Mayor colaboración que ésta es difícil encontrarla en ninguna otra comunidad autónoma”, dijo el presidente, quien aseguró estar “convencido” de que se han producido actuaciones irregulares que hay que depurar “hasta el final”. Sin embargo, indicó que está “archidemostrado” que en los fondos no existen irregularidades ya que figuran en las leyes de presupuestos de cada año, que son debatidas en el Parlamento.
Gómez exige máxima transparencia en el esclarecimiento de los hechos
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, pidió ayer “máxima transparencia” a la hora de esclarecer el caso ‘Mercasevilla’, en una jornada en la que el PP arremetió contra el PSOE por “convertir la Junta en una gran factoría de irregularidades, trapicheos y abusos”.
El ministro insistió en que la “competencia” para resolver los ERE en empresas ubicadas en Andalucía corresponde al Gobierno andaluz. No obstante, recordó que hay una investigación en marcha en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y que hay que esperar a que se complete su instrucción, para después pedir responsabilidades.
Por ello, el titular de Trabajo exigió “respeto” para la independencia judicial y para las actuaciones que están en curso, así como “la máxima transparencia” de todas las partes implicadas para el esclarecimiento de los hechos.
El PP pide la dimisión de Moreno y Recio por mentir
El PP pidió ayer la dimisión de la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, y del titular de Empleo, Manuel Recio, por haber “mentido y ocultado” en los últimos tiempos las irregularidades detectadas en las ayudas de la Junta a los expedientes de regulación de empleo a empresas en crisis.
En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, señaló que tras las últimas comparecencias de estos consejeros, la última el martes de Moreno en la que informaba de la aparición de 37 casos irregulares en los ERE subvencionados por la Junta, resulta “urgente” que se produzcan estas dimisiones.
“En cualquier comunidad autónoma seria se produciría la dimisión de los dos consejeros por haber mentido y ocultado durante este tiempo la existencia de estas irregularidades”, señaló Oña, quien recordó las palabras de Moreno el pasado fin de semana sobre que el PP solo pretendían hacer “un circo” de este asunto.
De la misma forma, la dirigente del PP aseguró, respecto al anuncio de Mar Moreno de que el consejero de Empleo comparecerá en el Parlamento para informar de este asunto, que “las palabras” de Recio no le valen al PP porque se trata de un consejero que “carece ya de credibilidad” sobre un asunto del que “ha mentido”.
El PP quiere que la comparecencia que se produzca en el Parlamento sea la del presidente andaluz, José Antonio Griñán, del que destacó que “hasta hoy” había permanecido “callado” desde el pasado abril cuando saltó el escándalo de los ERE irregulares en la empresa pública municipal Mercasevilla, según Oña.
La portavoz parlamentaria del PP-A indicó que Griñán “oculta” su responsabilidad en este asunto porque en la etapa en la que se concedieron las ayudas a los ERE era el consejero de Economía y vicepresidente económico del Gobierno de Manuel Chaves, y aprovechó para preguntar “hasta dónde llega” el escándalo.
Pidió también explicaciones sobre por qué se mantuvo el procedimiento de las subvenciones pese a que en 2005 hubo un informe de la Intervención de Hacienda -no vinculante- en la que este sistema se consideraba “inapropiado”, y aprovechó para preguntar por qué no se le envía a los grupos parlamentarios.
Tras exigir conocer dicho informe, la dirigente popular pidió también al Gobierno andaluz que diga “cuántos y quiénes” han sido los intermediarios que han actuado en estos casos y si todos estaban “vinculados” al PSOE, al tiempo que se preguntó “desde cuándo” una administración necesita este tipo de personas.
Esperanza Oña, que señaló que hay responsabilidades políticas en Chaves y en Griñán, apuntó que la víctima de este asunto no es la Junta sino “el millón doscientos mil parados” que hay en Andalucía, que, a su juicio, comprueban que el dinero “destinado al empleo y a las empresas en crisis han servido para salvar a determinadas economías familiares”.
Igualmente, preguntó al Ejecutivo “cuántos” cargos más del PSOE están involucrados en ERE irregulares y tras reclamar al Gobierno que envíe al PP toda la documentación que ha trasladado a los juzgados, volvió a pedir al PSOE que acepte la creación de una comisión de investigación “absolutamente justificada”.
Oña, que calificó este asunto como “el mayor escándalo de la democracia en Andalucía”, señaló que la “inclusión indebida” de personas ajenas a los ERE no ha sido “una excepción” sino que a lo largo de estos años se ha convertido en “una práctica habitual” en la Consejería de Empleo.
IU exige que la Cámara investigue el “coladero total” de Empleo
El coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, reclamó ayer que el Parlamento investigue el “coladero total de irregularidades” que a su juicio ha sido la Consejería de Empleo en los últimos diez años, en los que ha llegado a una situación que calificó como “escandalosa y lamentable”.
En rueda de prensa en el Parlamento junto al portavoz económico de la coalición, Pedro Vaquero, Valderas afirmó que “en la Consejería de Empleo nada huele bien” y consideró “triste” tener que decir esto “después de venir reclamando los elementos de control y eficiencia en el uso de los fondos públicos”.
“Estamos ante una situación de expedientes de regulación de empleo irregulares, con ilegalidades, que ha caminado por caminos muy tortuosos”, dijo Valderas, que añadió que en los cursos de formación “hay claro tráfico de influencias y ha tenido que dimitir un altísimo cargo del PSOE”.
Según el responsable regional de IU, hay además “claras pruebas de favoritismo político” ya que “se prima a unos ayuntamientos sobre otros en cuanto a criterios de cursos de formación, escuelas taller y otros asuntos”, puesto que “a la hora de conceder las subvenciones hay criterios muy dispares que discriminan a uno u otro en función del color que se practica desde la institución”.
Para Valderas, “la situación es tan escandalosa y lamentable que se hace necesario investigar profundamente estos últimos diez años del funcionamiento global de la Consejería de Empleo, que está muy marcada por las irregularidades” porque “la sociedad andaluza necesita luz y taquígrafos y transparencia suficiente para recuperar la confianza en una administración que está continuamente desprestigiándose a sí misma por un funcionamiento no muy correcto”.
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