Algo más de un año lleva funcionando el VII Acuerdo de Concertación Social que cuenta con cuatro año de vigencia y una dotación económica de unos 19.000 millones de euros durante este periodo.
A instancia del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el Gobierno y los agentes económicos y sociales han acordado impulsar este acuerdo y, en especial, dar prioridad y agilizar las medidas que tengan un reflejo directo en la creación de empleo para jóvenes y parados de larga duración.
El próximo mes las partes volverán a reunirse para fijar un calendario definitivo y precisar los proyectos y medidas que incidan en la activación económica y la creación de empleo, para lo que la Junta prevé contar, además de con su presupuesto, con inversiones autóctonas y externas privadas, según explicó el consejero de Economía, Antonio Ávila.
La idea es que en marzo próximo se conozcan ya cuales serán las medidas que se priorizan, indicó Ávila, que vinculó las críticas de la CEA y los sindicatos al funcionamiento del Acuerdo al hecho de que quieren un “mejor desarrollo” del mismo.
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, valoró las reuniones y precisó que las medida que se apliquen “no serán necesariamente nuevas” sino las que se prioricen del Acuerdo.
Ante la preocupación de los sindicatos, que pidieron a Griñán que tome medidas y “presione” al Gobierno central para impedir la retirada de los 426 euros a los parados sin prestación, Recio dijo que la Junta comparte esta inquietud.
Empleo cifra en 168.000 los parados sin prestación alguna en la comunidad y sostiene que dentro de seis meses otros 48.000 dejarán de percibir los 426 euros, una cifra que los sindicatos elevan en el futuro inmediato a unos 500.000 desempleados.
No obstante, Recio recordó los planes del Ejecutivo de sustituir esa ayuda por becas a la formación, una medida que tanto la UGT como CCOO consideran “insuficiente e inadecuada”.
Los líderes de ambos sindicatos -Francisco Carbonero (CCOO) y Manuel Pastrana (UGT)- presentaron al presidente un paquete de medidas que pasan por planes de empleo, reactivar el programa de vivienda protegida o incentivar la actividad en todos los puertos de la comunidad.
A estas han sumado la necesidad de explorar la reapertura de sectores como la minería metálica, impulsar el plan energético y un nuevo diseño de las políticas activas de empleo.
Asimismo, las dos centrales solicitaron su participación en el debate de Política Agraria Comunitaria (PAC), donde reiteraron su petición de que las ayudas que vengan a Andalucía estén ligadas al empleo, de forma que no compartirán que “se digan dando ayudas sólo por ser propietarios de tierras, sino ligadas y vinculadas a generación y creación de empleo”. Harán esos planteamientos sobre la PAC al resto de partidos políticos.
Del funcionamiento del VII Acuerdo, Carbonero admitió que las condiciones no han sido las más óptimas, pero apuntó que las “cosas se podrían haber hecho mejor”, una opinión que compartió Manuel Pastrana al atribuir las dificultades a la crisis, pero también al “incumplimiento” de los empresarios en el “bloqueo” de la negociación colectiva.
“Si la concertación no resuelve el problema del todo, está claro que sin ella sería mucho peor. Nadie ofrece otra alternativa”, dijo Pastrana.
Herrero se siente insatisfecho porque el modelo “no está funcionando bien”
Mientras, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, expresó ayer su “insatisfacción” por el desarrollo del VII acuerdo de concertación social en Andalucía, ya que “no ha funcionado bien” en el año que lleva en vigor.
En rueda de prensa tras reunirse con el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el dirigente empresarial informó de que le ha planteado que se desbloqueen proyectos del sector turístico, en concreto algunos relacionados con campos de golf y con el mundo del caballo (en Sotogrande), y las críticas a la concertación las expondrá cuando se reúna próximamente la comisión de seguimiento, precisó.
Herrero defendió que se deben aprovechar los factores de competitividad de la economía andaluza basada en los sectores tradicionales e insistió en que se deben agilizar más los trámites administrativos para facilitar la actividad económica.
A este respecto, indicó que se deben respetar las normativas que regulan los procedimientos administrativos, pero no ir más allá, ya que “no faltan promotores de proyectos sino soluciones en tiempos económicos”, poniendo como ejemplo tres proyectos de campos de golf en situación muy avanzada pero que todavía no han recibido la autorización definitiva y lo atribuyó a que, en algunos casos, se obliga a realizar inversiones antes de ejecutar el proyecto.
También apostó por un plan para el aprovechamiento de los puertos de interés general y se refirió al de Sevilla, del que dijo que se ha hecho una esclusa “que no tiene sentido sin el dragado del río”.
Asimismo, denunció que desde que se aprobó hace cuatro años la norma que regula los proyectos de interés turístico todavía no ha salido adelante ninguno.
En cuanto a la marcha de la concertación social, Herrero denunció la atención recibida, el incumplimiento de muchos planes y la modificación de algunos sin tener en cuenta a los firmantes.
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