Para contextualizar la nueva medida, la titular de Hacienda en el Ayuntamiento se remontó a la situación con la que se encontró el equipo de Gobierno en 2007 cuando llegó al Ayuntamiento debido a la gestión de sus predecesores. “Me gustaría hacer memoria del Ayuntamiento que nos dejó el Partido Popular, y cuando tengo la oportunidad me gusta recordarlo, porque a los ciudadanos no se les puede olvidar quiénes eran estos señores que arruinaron las arcas municipales y que arruinaron a tantas empresas de nuestra localidad, y que ahora pretenden presentarse ante los ciudadanos como si nunca hubieran pasado por aquí y que se han renovado; pero es el mismo Partido Popular que arrasó la ciudad en sus 8 años de Gobierno”, criticó. Por ello, la edil socialista insistió en el deber del Gobierno municipal (PSOE-CIS) de tener presente “lo que recibimos en herencia” y, en consecuencia, “lo que este Gobierno ha estado haciendo para resolver los problemas”.
En este sentido, apuntó que, además de recibir una deuda de herencia que rondaba los 100 millones de euros, existían además “miles de facturas y millones de euros” sin contabilizar, lo que en estos casos suele denominarse como las “facturas en los cajones”. Una situación que ha obligado al equipo de Gobierno a realizar un seguimiento continuo para ir reconociendo “poco a poco” esas deudas e irlas asumiendo en los presupuestos, si bien, como apuntó, la gestión más importante se acometerá este año al realizarse un gran reconocimiento de más de 3 millones de euros con la que PSOE-CIS consideran que se pondrá “punto y final” a esta situación.
No obstante, señaló que a lo largo de estos tres últimos años se han contabilizado un total de 7.366.427,02 euros y, salvo error u omisión, “ya no queda ninguna factura pendiente”, porque todas aquellas que estaban en condiciones de ser reconocidas es decir, una vez comprobado que efectivamente se realizaron los servicios y están firmadas por un técnico encargado y el concejal correspondiente, lo han sido. Sin embargo, Muñoz explicó que hay otra serie de recibos que el Ayuntamiento no va a asumir por ser “muy antiguas y estar prescritas” o bien porque se duda de su legalidad.
De esta forma, el Gobierno local entiende que ha puesto fin a la “mala práctica” que tenía el Partido Popular de contratar los servicios y las obras “a golpe de teléfono, saltándose todas las normas legales de contratación”, en la que, según denunció, se hacían “fraccionamientos ilegales de contrato”, como aseguró que han reconocido los técnicos en sus informes, y en la que sometían a una “situación de inseguridad” a los proveedores, la gran mayoría de ellos la ciudad, “ya que éstos ni tenían reconocidas sus deudas y mucho menos podían cobrarlas, llevando a muchas de esas empresas a la asfixia económica” , sentenció.
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