Unos días antes del debate parlamentario del próximo jueves que convalidará, al menos con los votos de la mayoría absoluta del PSOE-A, el polémico decreto para su posterior tramitación como proyecto de ley, la número dos del Ejecutivo andaluz ha declarado en una entrevista con Efe que la derogación “no es posible”.
“Ni es intención del Gobierno aceptarlo ni será la intención del PSOE en el debate del Parlamento andaluz”, ha sentenciado.
El PP-A pedirá su derogación y está por decidir cuál será el posicionamiento de IU.
Mar Moreno ha defendido a la consejera Aguayo, de la que ha afirmado que ha hecho una norma en unas condiciones “muy difíciles” que el Gobierno andaluz comparte “en su integridad”.
Convencida de que este asunto se ha convertido en algo “político que excede con mucho del decreto”, la titular de Presidencia cree que la tramitación en la Cámara “es el inicio de un camino parlamentario”.
“La tramitación como proyecto de ley del decreto es el reconocimiento de la Junta de que hace falta más transparencia en el debate y en el conocimiento del decreto”, ha esgrimido.
Enmienda al gobierno
En su opinión, es el momento de centrar el debate en el articulado de decreto acordado entre la Junta, CCOO y UGT, y “no en una enmienda” a la totalidad sobre la acción del Gobierno andaluz, que está “muy mezclada” en este debate, ha puntualizado, en referencia a organizaciones como el PP o los sindicatos y plataformas de funcionarios que demandan su derogación.
La portavoz del Ejecutivo ha manifestado que percibe que desde que se modificó el decreto cada vez hay “menos argumentos que tienen que ver con el contenido y más con juicios de intenciones sobre lo que el Gobierno va a hacer o dejar de hacer”.
Conforme avance el debate -ha indicado- habrá “más claridad sobre lo que es y no es el decreto”, así como sobre las propuestas y alternativas del PP, que en este caso “critica y rechaza el decreto pero no enseña su alternativa”, ha subrayado.
Por ello, ha demandado confianza, además de sostener que la alternativa al PSOE en Andalucía “no es ningún defensor de lo público”, de hecho ha esgrimido que los conservadores en toda Europa están haciendo “verdaderas barbaridades” en el sector público.
El decreto, en opinión de la dirigente socialista, es un buen decreto y necesario para preservar la función de los entes instrumentales de la Junta, una norma -ha agregado- “inocua” para los funcionarios y un “antídoto contra la privatización” del sector público.
La consejera se ha referido también a la situación laboral creada por el debate, al afirmar que “es muy necesario recuperar el buen clima laboral que siempre ha habido en el seno de la Junta”.
“Me duele más que haya tensión o discusión entre trabajadores de la Junta que me puedan hacer una pitada”, ha aclarado.
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