La Plataforma por el uso público del Rancho de la Bola considera por el contrario que Jerez “ya ha pagado lo suficiente” al Ministerio de Defensa, de manera que demanda que se lleven a cabo gestiones encaminadas a que el coste de la operación sea el “mínimo” posible.
De hecho, este “afán mercantilista” observado en Defensa es el aspecto de la negociación que provoca un “mayor rechazo” en las organizaciones que integran la plataforma, que consideran que el departamento que dirige Carme Chacón ya ha obtenido “cuantiosos beneficios económicos” en las operaciones urbanísticas realizadas en Jerez en estas últimas décadas. Por este motivo, el colectivo entiende que la cesión de la finca debe realizarse sin que ello suponga un coste para las arcas municipales.
La comisión permanente de esta plataforma ha mantenido recientemente un encuentro con el delegado municipal de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, en el que se ha puesto de manifiesto que existe “poco interés real en dinamizar la cesión de este espacio”.
Al margen ya de la cuestión económica, las organizaciones expresan su “malestar” por la “falta de información” acerca del proceso. Entre otras cosas, el Ayuntamiento ni siquiera ha tenido oportunidad aún de visitar la finca para que sus técnicos pudieran peritar el coste del derribo de las instalaciones que aún se mantienen en pie, así como de otros gastos derivados de la cesión.
Además, mientras que el Ministerio de Defensa apuesta por una cesión provisional del complejo -en tanto en cuanto no se redacte el convenio definitivo y se derriben los edificios en ruina-, el Ayuntamiento sólo parece dispuesto a aceptar la cesión definitiva de la finca.
Por otra parte, la plataforma advierte del “riesgo real de derrumbe y de incendio de la superficie forestal”, así como del peligro que ello podría suponer para las personas que acceden a este espacio. Por este motivo, los colectivos entienden que la Delegación municipal de Urbanismo está obligada a exigir a Defensa la demolición de estas instalaciones, dictando si fuera preciso una orden de ejecución para que se actúe sin mayor demora.
Según la plataforma, Crisol se ha comprometido a realizar las gestiones oportunas para agilizar la visita a la finca de los técnicos municipales, dictando si fuera preciso esa orden de demolición.
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