El Pleno del Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles el decreto-ley de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que regula por primera vez en Andalucía una prestación económica de 5.000 euros anuales para hijos menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género.
La iniciativa ha recibido el apoyo de todos los grupos, salvo Vox que ha votado en contra de la iniciativa.
Además, el Pleno ha rechazado, con los votos de PP-A y Vox, que se tramite este decreto como proyecto de ley, algo que había solicitado el Grupo Socialista.
Dicho decreto entró en vigor el pasado 25 de noviembre, cuando se conmemora precisamente el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, si bien aún debía convalidarse en el Pleno del Parlamento.
Se trata del Decreto-ley 9/2023, de 21 de noviembre, por el que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género y se regula la prestación económica a los hijos e hijas menores de edad de mujeres víctimas mortales como consecuencia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha defendido ante el Pleno del Parlamento este decreto que incluye dicha ayuda de 5.000 euros anuales para la que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) destinará una partida de 350.000 euros para 2024, ampliable en función del número de solicitudes recibidas durante el año, y ha subrayado que en esta materia "lo que merece la pena es que estemos todos unidos".
En esa línea, ha apelado a los grupos políticos a dejar "al margen las críticas" en "un día como hoy en el que se crea un nuevo derecho en Andalucía que beneficia a los más vulnerables", ha subrayado en alusión a dichos menores huérfanos de madre por la violencia machista.
Para justificar esta iniciativa, desde la Junta han defendido que es "necesario dar una respuesta urgente, rápida y eficaz por parte de las administraciones públicas ante la situación extrema de desamparo en la que se encuentran" los hijos de mujeres asesinadas por casos de violencia de género, y "dicha respuesta debe ser, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también desde el económico, solventando la falta de recursos de estos menores".
El decreto-ley se estructura en tres capítulos, con un total de diez artículos, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y dos disposiciones finales.
En concreto, el primer capítulo modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, añadiendo un artículo 46.bis, en el que se recoge el derecho a la prestación económica por parte de las y los menores huérfanos de mujeres víctimas mortales de la violencia de género hasta que alcancen la mayoría de edad, siempre que éstos o la mujer víctima de violencia de género residan en Andalucía en el momento del crimen.
Este derecho se extiende a las personas menores de edad cuya tutela ejerza la Junta de Andalucía o cualquier otra administración pública, y a aquellos menores que en el momento de los hechos se encuentren bajo la tutela judicial. Esta ayuda económica será compatible y complementaria con cualquier otra prestación pública o privada que se perciba por el mismo motivo.
El segundo capítulo regula la prestación económica con el fin de "garantizar la cobertura de las necesidades básicas materiales de las personas beneficiarias hasta su mayoría de edad". El importe de la prestación ascenderá a 5.000 euros en un pago único anual por cada menor y se actualizará anualmente conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC). La ayuda económica no podrá ser administrada por el autor del crimen machista, según ha aclarado la consejera de Inclusión Social, quien ha subrayado que es una cuestión de "sentido común" que así sea.
El tercer capítulo aborda el procedimiento de concesión de esta ayuda y establece que la solicitud deberá realizarse por parte de la persona representante legal del menor de edad y puede presentarse de manera presencial o electrónica desde el día siguiente al de la publicación del decreto ley en el BOJA hasta que las personas huérfanas alcancen la mayoría de edad.
Además, el documento aprobado fija que el primer pago se realizará cuando se dicte la resolución de concesión y las sucesivas anualidades se harán efectivas el segundo semestre del año.
Asimismo, la disposición transitoria única recoge que el derecho a esta prestación se genera aun cuando el hecho causante hubiera tenido lugar con anterioridad a la entrada en vigor del decreto ley. Es decir, podrá percibir esta ayuda "cualquier huérfano de violencia de género que aún no haya alcanzado la mayoría de edad independientemente de que el asesinato se haya producido antes de la entrada en vigor del decreto-ley".
En el turno de posicionamiento de los grupos, la diputada del PSOE-A Mercedes Gámez ha valorado esta medida y ha subrayado que ya en marzo de 2022 el Grupo Socialista defendió en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley (PNL) que solicitaba el establecimiento de una prestación complementaria destinada a los hijos de mujeres víctimas mortales de violencia de género y que fue aprobada por la mayoría de la Cámara, tras lo que, además, el PSOE-A incluyó esta medida en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones andaluzas del 19 de junio de 2022, y fue un punto de una moción sobre políticas en relación a la violencia de género que se aprobó en noviembre de 2022 en el Pleno, por lo que desde entonces "se trataba de una cuestión de obligado cumplimiento para el Gobierno" andaluz, según ha remarcado.
No obstante, el Grupo Socialista ha solicitado que el decreto se tramite como proyecto de ley para introducir mejoras en el mismo, como la posibilidad de ampliar la edad de los potenciales beneficiarios "al menos hasta los 21 años, aunque lo deseable sería que fuera hasta los 25", según ha apostillado Mercedes Gámez, quien también ha planteado que la referida prestación económica se extendiera también a "hijos de mujeres que presenten graves afectaciones por la violencia de género".
La parlamentaria de Vox Mercedes Rodríguez ha considerado que, a la vez que se crea un nuevo derecho en Andalucía, con este decreto "se conculca" ese mismo "a los otros menores huérfanos de violencia doméstica en Andalucía", a los que "se discrimina por materia ideológica", según ha denunciado, y ha criticado que la Junta haya recurrido a la figura del decreto para regular esta prestación en vez de optar por la "tramitación ordinaria" de esta iniciativa para permitir a los grupos hacer "aportaciones" con las que "se podría mejorar" la medida.
Por su parte, el diputado de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado ha apuntado que tanto la "idea de fondo" como la propia medida que recoge el decreto --la referida prestación económica-- es "positiva", y con esta normativa se crea "un nuevo derecho", por lo que se trata de una cuestión en la que los diferentes grupos "nos podemos poner de acuerdo", si bien ha apostillado que se podría "enriquecer" más tramitando esta iniciativa como proyecto de ley y favoreciendo así la aportación de la "inteligencia colectiva".
Finalmente, la diputada del PP-A Verónica Martos ha manifestado que Andalucía, una vez más, da "un paso adelante" reconociendo un nuevo derecho social, con una prestación económica que no discrimina ni diferencia, según ha subrayado, y ha dado la enhorabuena a la consejera por la rapidez de su departamento en la elaboración de este decreto-ley.
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