El Gobierno considera que pese a todo, el ex empresario insiste en su deseo de involucrar a la actual administración municipal, “no se sabe sin con la intención de proteger o beneficiar a alguien, actuando a sabiendas de que las supuestas facturas falsas que dice tener no se corresponden en sus fechas con las competencias reales que tenía la alcaldesa en la extinta GMU y que sí tenía el anterior delegado de Urbanismo, Pedro Pacheco, que incluso tres días antes de ser cesado por la alcaldesa firmó su última factura falsa”.
En cualquier caso, el Gobierno recuerda que “es la justicia la que esclarecerá todo” y recuerda que “con fecha 4 de junio de 2008 se envió un informe a la fiscalía en el que se ponía en su conocimiento una serie de hechos relacionados con actuaciones desarrolladas por Jerecom por si los mismos pudieran ser constitutivos de delito, o delitos, de estafa, falsedad documental, fraude y/ o malversación previstos en el Código Penal, y a de que por ese Ministerio se practiquen las diligencias necesarias para su esclarecimiento y concreción de las responsabilidades penales y civiles de la persona o personas que en el transcurso de la instrucción puedan resultar autor o autoras penalmente de los mismos”.
En concreto, la denuncia expone que “en el ejercicio 2007, entre las fechas 30 de enero y 20 de marzo, fueron emitidas una serie de facturas por las Empresas Jerecom Confosur 2010 S.L.U. y Alcázar Excavaciones y Firmes S.L., correspondientes a obras realizadas en determinadas barriadas de las zonas norte y sur de esta ciudad de Jerez de la frontera, por un importe total de 446.097,88 Euros”. Dichas obras facturadas fueron inspeccionadas por Urbanismo a petición del interventor municipal, además de un examen pormenorizado de las certificaciones emitidas.
Entre las incidencias detectadas destacanla existencia de facturas visadas que corresponden a obras que no han llegado a ejecutarse. “Existen muchas partidas que resultan imposibles comprobar su correcta ejecución mediante inspección ocular, al consistir en movimientos de tierras, excavaciones, canalizaciones, sub bases, firmes y otras actuaciones constructivas ubicadas bajo rasantes. Lo que se ha podido inspeccionar se limita a las pavimentaciones, asfaltados, jardinería y elementos de mobiliario urbano, detectándose que en las certificaciones se ha realizado un desglose de partidas de muy escasa entidad, con lo que se dificulta la comprobación de la correspondencia de lo certificado con lo realmente ejecutado”.
El Gobierno insiste en que estudia posibles medidas legales.
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