El anteproyecto de Ley, presentado ayer en Consejo de Gobierno para comenzar el periodo de consultas habitual, representa “una forma concreta de entender la política de respaldo a los emprendedores”, según Recio, que ejemplificó en los 265 millones y los 56.000 beneficiarios de los últimos años con incentivos y ayudas que buscan “la igualdad de oportunidades”, apuntando que si no hubieran existido, “sólo hubieran emprendido los que tenían recursos”.
Con la filosofía de que “cada emprendedor es una oportunidad de creación de riqueza”, la nueva Ley se dirigirá a los 4721.288 autónomos que existen en la comunidad, aunque todavía no posee memoria económica (se integrarán todas las líneas de incentivos actuales) ni una previsión de cuántos nuevos autónomos se incorporarán al tejido productivo.
Recio, tras apuntar que los autónomos y especialmente los de economía social son los que mejor han soportado la crisis, sí apuntó que está especialmente destinada a los jóvenes y a los mayores de 45 años, puesto que tras su periodo de formación o su reciclado formativo al quedar en paro, pueden encontrar una salida en el autoempleo, pero serán los que menos consigan financiación de las entidades financieras.
“Siempre nacen y mueren empresas, permanecen las competitivas”, reflexionaba Recio al ser preguntado por si la Ley facilitará la labor de los autónomos. “Sólo puede paliar la situación, el objetivo del Gobierno es apoyarlos, nos comprometemos por escrito a crear un marco para facilitar” la labor emprendedora, decía.
Así, incluye el compromiso de elaborar cada cuatro años un plan estratégico del sector que incluya un diagnóstico de la situación y sea autoevaluable, para conocer la calidad de los servicios que la Junta ofrece al emprendedor.
El apartado más ambicioso, según Recio, serán las políticas de fomento del autoempleo, en el que se incluirán todas las líneas de incentivos actuales, y de promoción de la cultura del emprendimiento, incluyendo un distintivo al trabajo autónomo de excelencia.
También contempla aspectos destinados a la seguridad laboral, al fomento del asociacionismo y a la participación social, con la creación de un registro de asociaciones y un Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, cuya participación concretarán con los agentes sociales, además de un servicio de resolución de conflictos laborales específico para el sector.
Por otra parte, y preguntada por la relación con los sindicatos tras la huelga del 29-S, la portavoz del Ejecutivo y consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró que la intención del Gobierno andaluz es “avivar” el diálogo social con sindicatos y empresarios, que consideran imprescindible, aunque puntualizó que respetarán la “agenda compartida” con las partes pero con el objetivo de que vaya “ganando en intensidad”
Moreno quiso contestar a las críticas del PP a las inversiones estatales en Andalucía apuntando que le causan “rubor e irritación”, cuando lo que deberían tener es “mala conciencia” por los recursos destinado a la comunidad durante los ocho años de los gobiernos del Aznar, que cifró en un 75% de la media y la mitad de lo invertido por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero.
Tachó de “extraordinariamente positiva” la inversión para Andalucía en los PGE, al cumplir las premisas de ser la que más recibe, con el Estatuto y con la cláusula de blindaje que obliga a garantizar los 2.970 millones de inversiones.
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