Los maestros de Educación Infantil interinos de Andalucía han decidido iniciar protestas ante una situación que consideran insostenible: eliminación de aulas, ratios elevadísimas, plazas que no salen y vacantes que no se cubren han llevado a estos docentes a convocar una manifestación el 19 de noviembre.
Pero no será la única protesta. El colectivo tiene previsto, antes de esa fecha, organizar otro tipo de protestas para que se les escuche: “Parece un plan conspiranoico, pero es una hoja de ruta que tiene la Junta de Andalucía para que la educación pública sea insostenible”, asegura Berta Gallardo, miembro de Marea Verde.
Ella, como otros 2.500 maestros de Infantil (abarca la etapa educativa no obligatoria de 3 a 5 años), se han quedado en la bolsa de la Junta a la espera de que se le llame para cubrir un puesto este curso.
ELIMINACIÓN DE AULAS DE INFANTIL
En definitiva, los maestros de Educación Infantil en Andalucía enfrentan un desafío crítico cada año a medida que la situación empeora, dejando a miles de interinos en la incertidumbre y a los niños en condiciones educativas precarias. Este año, la crisis ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 1.100 aulas eliminadas, lo que impide el crecimiento en la etapa de Primaria y deja a los estudiantes en desventaja desde el principio de su educación.
La falta de aulas y la creciente carga de trabajo son una fuente de preocupación constante para los maestros y los padres.
RATIOS MUY ELEVADAS Y VACANTES QUE NO SE CUBREN
Una de las preocupaciones clave es la creciente relación maestro-alumno, que ha alcanzado niveles insospechados. Aulas destinadas a 25 alumnos a menudo se llenan con 28 o incluso 30 niños, lo que dificulta la atención individualizada y el cuidado necesario, especialmente para aquellos que recién comienzan su educación.
El problema se agrava por la falta de cobertura de vacantes. “Las bajas por períodos cortos, de menos de 21 días, ni siquiera las sacan a bolsa. Es el caso de los permisos de matrimonio o lesiones menores, no se cubren”, explica Berta Gallardo. Y eso se traduce en clases sin maestros y una experiencia educativa interrumpida para los estudiantes. Las plazas se anuncian solo dos días a la semana, y los maestros deben esperar para conocer su destino, lo que deja a los estudiantes sin maestro durante este tiempo.
REFUERZOS PEDAGÓGICOS
En cuanto a los refuerzos pedagógicos, interinos denuncian que la cifra proporcionada por la Junta es “engañosa”. “Se suponía que se destinarían 202 puestos a Educación Infantil, pero en realidad, solo 18 de ellos se asignaron para refuerzos”. Unos refuerzos que, según Gallardo, desempeñan un papel crucial en el apoyo a actividades específicas en el aula y en asistencia a niños con necesidades especiales.
CONSECUENCIAS
La carga emocional que soportan los docentes es abrumadora, lo que conlleva estrés, ansiedad y, en algunos casos, bajas por enfermedad. Los problemas económicos también se suman a la ecuación, ya que los traslados conllevan a los interinos a alquilar una vivienda en el lugar de destino, al tiempo que mantener en muchos casos sus propios alquileres o hipotecas en la residencia habitual.
Pero los niños tampoco son inmunes a esta crisis. La calidad educativa se ve comprometida, y los estudiantes pueden quedarse rezagados debido a la falta de atención adecuada en aulas abarrotadas y la interrupción de clases debido a la falta de cobertura de bajas.
LA PÚBLICA, EN PELIGRO
Berta Gallardo, de Marea Verde, advierte de que la Junta de Andalucía podría tener un interés oculto en “privatizar” la Educación Infantil, lo que podría poner en peligro la educación pública y llevar a la eliminación de recursos y aulas. El crecimiento constante de la red concertada en comparación con la reducción de aulas públicas plantea dudas sobre el futuro de la educación en la comunidad.
La situación en Andalucía es particularmente problemática, pero sugiere que problemas similares existen en otras comunidades gobernadas por partidos como el PP. En contraste, los alumnos de centros privados y concertados se benefician de ratios más bajos y una cobertura más efectiva de las bajas temporales, lo que plantea interrogantes sobre la equidad en el sistema educativo.
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