Los hechos se remontan a junio de 2007, cuando el alcalde de Castril, incorporó a su equipo de gobierno como teniente de alcalde a Antonio García, concejal que había sido electo en la lista del PP, lo que dio la mayoría absoluta en el consistorio granadino a los socialistas.
García fue declarado tránsfuga en diciembre de 2007 y, después, en julio de 2008, López, beneficiario de transfuguismo por aprovechar la actitud tránsfuga del primero y mantenerle en la corporación municipal, pero lo cierto es que tres días después de que García adquiriera esa condición, el alcalde le retiró todos los cargos y atribuciones en el gobierno municipal.
Sin embargo, como reconoce ahora un informe de revisión realizado por la Comisión de Expertos del Pacto Antitransfuguismo. Cuando éste órgano tomó la decisión de declarar a Jose Juan López Rodenas beneficiario de esa conducta no tenía en sus manos la documentación que acreditaba que el concejal elegido por el PP ya había sido expulsado.
"La Comisión no tuvo al momento de decidir sobre el alcalde una documentación esencial que, probablemente, hubiera llevado a un pronunciamiento distinto", admite el informe revisionista de los expertos, que será presentado el próximo jueves ante la Comisión de Seguimiento del Pacto y que ésta deberá acatar.
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