Los letrados han argumentado que ya se han comenzado con las declaraciones de alguno de los acusados y que ello causaría indefensión para ellos así como que no tienen garantía de que dichos documentos no hayan sido manipulados.
La semana pasada, el fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, pidió al Tribunal del caso "Ballena Blanca" que diez bridas de documentación se unieran a la causa después de detectar que estaban en otro procedimiento.
El fiscal detectó el error mientras examinaba el listado de piezas de convicción del caso Malaya, contra la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento de España.
El ministerio público ha considerado que todo se debe a un error ya que ambos procedimientos han sido instruidos por el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga) y cuando se embaló la documentación para el traslado a la Audiencia Provincial se produjo el incidente.
La acusación pública ha solicitado que la mencionada documentación se aporte a la otra causa y para ello ha aportado los números de bridas y los nombres de referencias, tras detectar el hecho.
Por su parte, los abogados han cuestionado la cadena de custodia, y han denunciado que si se aporta la documentación se podría solicitar la nulidad de las actuaciones.
Además, los letrados se han acogido al hecho de que el fiscal en su escrito acusatorio provisional no hace referencia a dicha documentación y que ya ellos advirtieron de que faltaba 27 tomos, pero que el propio Tribunal les dijo que si no estaban en el procedimiento sería porque no eran importantes.
Los abogados también han recordado que ellos ya alegaron, durante la fase de cuestiones previas, los vicios que se podrían haber causado durante la instrucción y pusieron en duda la cadena de custodia después de que apareciera cierta documentación sin foliar.
El tribunal, tras escuchar a todos los abogados personados en el procedimiento y al fiscal, ha decidido que deliberará durante todo el día y que mañana se pronunciará sobre los hechos acaecidos.
La operación "Ballena Blanca" se destapó en marzo de 2005 con la detención de medio centenar de personas de varias nacionalidades.
Los sospechosos fueron arrestados por su presunta implicación en una red que supuestamente había blanqueado en Marbella más de 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones de euros y más de 250 fincas.
Entre otros fueron detenidos tres notarios y el titular del bufete "Del Valle Abogados", Fernando del Valle, al que se considera el "cerebro" de la red y quien quedó en libertad bajo fianza de 600.000 euros tras pasar siete meses en prisión.
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