Andalucía

IU insta al Gobierno andaluz a dimitir si prospera el recurso

Coincide con Arenas en calificar de buena noticia la admisión a trámite por el Constitucional

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  • Arenas está seguro de que al final se pagará la deuda histórica en dinero. -
El portavoz parlamentario de IULV-CA y coordinador general, Diego Valderas, aseguró ayer que el Gobierno andaluz deberá dimitir si finalmente prospera el recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el pago en solares de la deuda histórica, que ha sido admitido a trámite.

En rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por el portavoz adjunto en materia económica, Pedro Vaquero, Valderas consideró una “buena noticia” la admisión a trámite de dicho recurso, lo que, en su opinión, “pone en tela de juicio y en cuarentena los argumentos ofrecidos por el Gobierno andaluz sobre el pago en solares”.

El máximo dirigente de IULV-CA insistió en que la aceptación del citado recurso por parte del TC refuerza los argumentos esgrimidos “por quienes defendemos con coherencia que la deuda histórica debe ser liquidada con asignaciones dinerarias en los Presupuestos Generales del Estado”.

“Se nos está abriendo la puerta del derecho que exigimos y que se recoge en el Estatuto de Autonomía”, afirmó Valderas, quien urgió al TC a que agilice los trámites y resuelva este recurso a la mayor brevedad posible “por lo que interesa a Andalucía”.

Por último, el dirigente de izquierdas indicó que el fallo del Tribunal Constitucional supone una “oportunidad” para evitar que se lleve a cabo un “engaño inaceptable”, firmado entre el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía, respecto a la liquidación de la deuda histórica.

También calificó de “buena noticia” esta admisión a trámite el presidente del PP-A, Javier Arenas, quien durante una visita a la sede de Proyecto Hombre Almería, aseguró que Andalucía “va a terminar recibiendo dinero contante y sonante”, bien porque así lo determine el Tribunal Constitucional “o porque haya un cambio de gobierno en España” al frente del cual “se sitúe el presidente del PP, Mariano Rajoy”.

Manifestó que con la presentación del citado recurso se está hablando de “política cercana al ciudadano” y calificó de “gran fraude” la entrega de suelo rústico “cuyo valor no tiene nada que ver con lo que dice la Junta”.

Además, reclamó el pago en dinero de esa deuda para hacer frente a infraestructuras educativas, sanitarias y sociales, necesarias en Andalucía.

Arenas considera que el hecho de que Andalucía no reciba en líquido el dinero que se le adeuda hace que el Gobierno regional no disponga de recursos suficientes para costear la realización “de muchos hospitales, colegios y centros sociales” en las ocho provincias de la comunidad autónoma.

Judicializar la vida política

Por su parte, el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, consideró ayer que el PP intenta “judicializar, como sea, la vida política”, aunque se mostró convencido de que el resultado del recurso contra los Presupuestos Generales del Estado de 2010 por la deuda histórica “será nada”.

Ávila señaló, en declaraciones a los periodistas en Jaén, que el PP “ha tomado una decisión, como suele hacer, de intentar judicializar como sea la vida política”, algo que le resulta “incomprensible” ya que “cuando se pudo hacer algo no se hizo y ahora, cuando se ha hecho, resulta que hay que recurrirlo a los tribunales”.

En este sentido, subrayó que “han sido gobiernos socialistas los que reconocieron y han liquidado la deuda histórica y el PP el que durante ocho años pudo hacerlo y no lo hizo”.

Insistió en que “si creían que había que hacerlo de otra forma más conveniente podían haberlo hecho y no lo hicieron y ahora la respuesta que tienen es acudir a los tribunales”, lamentó.

Al final, según Antonio Ávila, el resultado “será nada” y “el tiempo dirá cuál es el resultado eficaz” de que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso contra los Presupuestos Generales del Estado presentado por el PP por considerar que el pago de la deuda histórica en especie vulnera el Estatuto de Autonomía y la Constitución.

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