De este modo, los afectados entienden que la justicia atenderá la denuncia presentada en su momento, a través de la cual se advertía, entre otras cosas, de que el concurso de acreedores de Jerecom fue “una gran mentira” y “una estafa”.
El procedimiento abierto contra los propietarios de la empresa parte de una misma denuncia en la que los afectados implicaron tanto a la familia Grimaldi como a los sucesivos gobiernos presididos por Pedro Pacheco, María José García-Pelayo y Pilar Sánchez, que adjudicaron una importante cantidad de actuaciones a Jerecom, acusándoles de un presunto delito de prevaricación.
De momento, el juzgado de Instrucción número 1 de Jerez ha acordado el “sobreseimiento provisional” y el “archivo de la causa” abierta contra los tres alcaldes, un auto al que Francisco Pérez Vera ya ha respondido presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
En dicho recurso, el abogado pide que se revoque íntegramente el auto, lo que permitirá continuar el procedimiento y tomar declaración a los querellados.
Pérez Vera sostuvo ayer que el auto del juzgado es “totalmente erróneo”, recordando que el Ayuntamiento adjudicó en apenas tres años un centenar de obras tanto a Jerecom como a sus empresas satélite, todas ellas controladas de alguna manera por la familia Grimaldi.
La decisión judicial no ha pillado por sorpresa a los afectados, que habían depositado pocas esperanzas en una respuesta favorable de los juzgados de Jerez. Sara Rodríguez tiene claro que “las pruebas siguen estando ahí”, recordando por ejemplo las múltiples acusaciones que se han cruzado los propios políticos en relación a este caso. “Desde el propio Gobierno se ha dicho estos días que en esos años -entre 2004 y 2007- se perdió mucho dinero en la Gerencia Municipal de Urbanismo”, aseveró Rodríguez.
La situación de los afectados de Jerecom es ahora peor que cuando arrancó el caso, toda vez que la crisis del sector de la construcción, unida a los embargos provocados por los impagos, han llevado a algunos a la ruina.
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