La aprobación de esa Ordenanza comenzó su recorrido el 17 de julio de 2009 entraba en vigor la Orden elaborada por la consejería, que regula la selección de los adjudicatarios de las Viviendas Protegidas a través de los Registros Públicos Municipales.
Este nuevo mecanismo desterrará en principio y salvo excepciones el costosísimo y farragoso sistema de sorteo público ante Notario al que han estado obligadas las empresas municipales por la misma administración que ahora valora positivamente su eliminación, considerando el nuevo sistema una garantía para el ciudadano y un instrumento útil para los Planes Urbanísticos.
En sesión celebrada el día 30 de octubre de 2009, el Pleno Municipal aprobaba la creación y puesta en marcha del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de la ciudad, la encomienda de gestión a Esisa de su dirección y gestión, así como aprobaba inicialmente la Ordenanza municipal reguladora del mismo.
La ordenanza aprobada inicialmente fue notificada a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, que vía e-mail envió propuesta a fin de introducir determinadas aclaraciones que no tenían el carácter de modificaciones.
Tras algunas correcciones, se abrió un plazo de exposición pública presentándose en tiempo y forma dos escritos de alegaciones. El primero formulado por el PSOE, y el otro por la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Cádiz (Asprica), siendo en ambos casos rechazadas.
La Ordenanza prevé un periodo transitorio de tres meses en los que no se tendrá en cuenta el orden de presentación, ya que al finalizar dicho plazo se procederá a realizar un sorteo entre la totalidad de solicitantes a esa fecha para ordenarlos aleatoriamente.
Es por ello necesario poner en conocimiento de los demandantes que estén interesados en presentar su solicitud que pueden hacerlo dentro de dicho plazo sin que ello signifique el menoscabo de derecho alguno.
La Consejería encarga a los ayuntamientos la constitución y gestión de los Registros y ofrece una subvención máxima de 15.000 euros para su puesta en marcha cuando el presupuesto para ello es muy superior. El mantenimiento posterior será a cargo del Ayuntamiento sin ayuda autonómica alguna.
Ello se une a la inminente Ley del Derecho a la Vivienda en Andalucía. Según el Gobierno municipal, dicha novedad no significará más que una nueva carga para los ayuntamientos que sin contar con viviendas disponibles ni con los suelos necesarios para la ejecución de nuevas promociones, deberán soportar las continuas reclamaciones de los ciudadanos sobre un asunto que es de competencia exclusivamente autonómica.
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