La vista oral se desarrollará los días 2, 3, 4, 8, 10 y 11 de marzo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, según informaron a Efe fuentes judiciales.
El fiscal pide 39 años de cárcel para los cuatro policías y el guardia civil por los delitos de cohecho con finalidad delictiva, omisión del deber de perseguir delitos, abusos sexuales en el ejercicio de la función pública, revelación de secretos, tráfico de influencias y favorecimiento de la prostitución.
Además, el fiscal solicita que los dueños de los tres prostíbulos ubicados en la localidad malagueña de Ronda sean condenados a un total de seis años de prisión.
También en el banquillo de los acusados se sentará el ex novio de una jueza para el que pide un año de cárcel, ya que, según el fiscal, se valía de su relación de amistad con alguno de los agentes así como de su supuesta relación afectiva y de convivencia con la magistrada.
La supuesta trama de corrupción policial se destapó tras unas investigaciones que se iniciaron en septiembre de 2006 y que llevaron a la detención, entre febrero y mayo de 2007, de los acusados y de otras personas que estuvieron imputadas en la causa.
El fiscal, en su escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe, destaca que el inspector jefe, como máximo responsable de la comisaría de Ronda, pese a conocer la explotación de las mujeres no lo persiguió y a cambio "demandaba consumiciones y servicios sexuales que nunca pagaba".
Supuestamente también abusó en dependencias policiales de algunas extranjeras que estaban pendientes de su regularización a las que ofreció su ayuda para regularizarlas a cambio de relaciones sexuales.
El subinspector jefe, que además era el responsable de la Unidad de Extranjería, presuntamente avisaba al dueño de uno de los clubes de alterne de las posibles redadas y "en contraprestación siempre obtuvo en dicho club las consumiciones y servicios sexuales gratuitos que demandaba".
A los otros dos agentes de la Policía se les acusa de dedicarse a visitar dichos establecimientos para exigirles una participación en los beneficios del negocio bajo la amenaza de que en caso contrario instruirían diligencias.
De modo que al menos hasta mediados de 2006 recibían 500 euros mensuales, suma que ellos repartían entre sí, siempre según la versión de la acusación pública.
Por su parte, el guardia civil entre los años 2003 y 2006 frecuentaba dichos locales y era considerado con capacidad de ayudar a las mujeres en situación irregular y conseguía a cambio servicios sexuales y consumiciones.
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