Así consta en una respuesta parlamentaria por escrito al senador del PP por Alicante Agustín Almodóbar, quien preguntó al Ejecutivo si estaba de acuerdo en que se “derriben los chiringuitos de playa en la Comunidad Valenciana y se destruyan, así, cientos de puestos de trabajo que se sumarán a los más de cuatro millones ya existentes” en España.
En su respuesta, el Gobierno es tajante al afirmar que la inmensa mayoría de estos establecimientos expendedores de comidas y bebidas “están en situación legal”, ya que sólo uno de cada diez “presenta algún problema significativo”.
Para este 10%, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino “estudiará caso por caso la situación para que se adecúen a los términos establecidos por Ley”. Añade el Ejecutivo que, en todo caso, “se mantendrán las condiciones del título de otorgamiento a las concesiones existentes”.
De cualquier modo, la voluntad del Ministerio es resolver todas esas deficiencias “de acuerdo con la Ley y en diálogo con el sector afectado”, tal y como ha ocurrido, según recuerda el Gobierno, con los establecimientos de la playa de San Juan, en Alicante. También en Andalucía, otra de las comunidades más afectadas, el 90% de los “chiringuitos” son o pueden ser legales, según la Junta.
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