En este sentido, el abuelo de la joven, José Antonio Casanueva, señaló en declaraciones a Europa Press que la búsqueda, en la que han participado unas diez personas -vecinos de la barriada de Tartessos y de Camas- con picos y palas, se ha dado por finalizada en torno a las 15,00 horas con idea de reiniciarla la próxima semana, una vez mejoren las condiciones climatológicas y cesen las precipitaciones.
De este modo, José Antonio Casanueva explicó que, durante el día de ayer, se limitaron a limpiar la zona -a unos 800 metros de la zanja-, habitada por abundante maleza y zarzas, precisando que actuaron sobre un espacio aproximado de diez metros de ancho por 20 de largo empleando para ello una serie de herramientas "rudimentarias" como picos y palas, aunque tienen el "compromiso" por parte del Ayuntamiento camero de contar en próximos días con una máquina retroexcavadora.
Al hilo de ello, el abuelo de Marta del Castillo aseveró que, en el caso de que hallen algún "vestigio" que invite a pensar que el cuerpo de la joven se encuentra en ese espacio, se pondrían en contacto con la Policía Científica, al tiempo que recordó que la familia se encuentra en espera de que la Audiencia Provincial decida sobre el recurso interpuesto por su abogado para que se busque en la zanja de Camas -algo que fue negado por el Juzgado de Instrucción número 4-.
Un año de la detención del asesino confeso
Esta nueva búsqueda coincide con el aniversario -se cumplirá el sábado- de la detención e infreso en prisión provisional del asesino confeso de la joven Marta del Castillo, aunque la gravedad de los delitos de asesinato y violación que le imputan no hace necesario que el juez dicte un auto de prórroga del encarcelamiento.
Fuentes del caso informaron a Efe de que la prisión provisional máxima por tales delitos es de dos años, prorrogables por otros dos, por lo que el juez de instrucción 4 de Sevilla no va a dictar ningún auto confirmando el internamiento del asesino confeso, Miguel C. D, en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla).
Miguel, un ex novio de Marta del Castillo, fue detenido el 13 de febrero de 2009 y en sus primeras declaraciones ante la Policía y el juez confesó que el 24 de enero había matado a la joven de un golpe con un cenicero y que luego había arrojado el cuerpo al río Guadalquivir.
Posteriormente añadió la confesión de que también había violado a la víctima, aunque en una nueva comparecencia ante el juez volvió a su primera versión y dijo haberse inventado la agresión sexual para evitar el juicio con jurado.
Tras declarar por espacio de cinco horas ante el juez de instrucción 4 de Sevilla, Miguel ingresó el 16 de febrero en prisión incondicional sin fianza, igual que su amigo Samuel B. P, acusado de ayudarle a transportar el cuerpo, y el menor de edad Javier G. M, entonces de 15 años, lo hizo en un centro de menores.
Samuel pasó diez meses encarcelado y quedó libre en diciembre pasado, y Javier salió del centro de menores en noviembre, al cumplir el internamiento máximo previsto en la Ley Penal del Menor.
La tramitación judicial del caso se encuentra a la espera de que las defensas de los cuatro acusados que son mayores de edad presenten sus escritos de calificación, después de que la Fiscalía de Sevilla haya pedido para Miguel 52 años de cárcel por un delito de asesinato y dos de violación, uno cometido por él mismo y otro como cooperador necesario del cometido por el menor de edad.
Para Samuel B. P. el fiscal pide cinco años de cárcel, para Francisco Javier D. M, hermano mayor de Miguel, el fiscal pide 8 años y para la novia de éste último, María G. M, otros cinco años.
Como novedad, a los cuatro acusados que son mayores de edad la Fiscalía les imputa un delito contra la integridad moral de la familia de la víctima, por el que pide dos años de cárcel, porque "de forma contumaz se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones erráticas".
Las fuentes dijeron a Efe que, una vez presentados los escritos de las defensas, el juez convocará la audiencia preliminar, previa a la remisión del caso para su enjuiciamiento ante un jurado popular, aunque las partes podrán plantear entonces que el caso pase a competencia de un tribunal profesional, de acuerdo con la última doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia.
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