Martínez Aguayo señaló que el hecho de que, para dentro de dos años, sea posible recurrir a esta fórmula de cita previa será "especialmente" importante en el caso del impuesto de sucesiones, de cuyo pago estará exento el 90% de las personas por tener una base imponible por encima de los 400.000 euros.
La consejera señaló que el nuevo organismo, que inició ayer su actividad, es el único de la administración andaluza que tiene rango estatutario, y apuntó que su funcionamiento se basará en un contrato de gestión que será aprobado hoy en Consejo de Gobierno.
En dicho contrato se marcarán los objetivos de la ATA para los próximos tres años, entre los que se incluye la mejora de la gestión interna del organismo -integrando las diferentes fases que suponen la aplicación del tributo- o la de los mecanismos de la lucha contra el fraude, tanto en relación con los impuestos del Estado como con los que competen al gobierno autonómico.
Martínez Aguayo recalcó que se buscará "facilitar" al contribuyente su obligación, ya que "muchas personas no la cumplen por existir cierto grado de dificultad" en el proceso del pago de impuestos.
Así, subrayó que se implantará un sistema de cita previa y de notificaciones que agilice el proceso, así como que se estrechará la colaboración con la Agencia Tributaria Estatal.
La consejera recordó que "el núcleo fundamental" de la actuación de la ATA serán los impuestos de sucesiones y donaciones, actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales, así como la fiscalidad ecológica y la fiscalidad sobre el juego.
Martínez Aguayo negó, a preguntas de los periodistas, que puedan existir problemas de "doble competencia" entre la ATA y la Agencia Tributaria estatal, y precisó que el presupuesto del organismo ronda para este año los 60 millones de euros.
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