El 30 de marzo de 2007, España ratificó en la sede de la ONU de Nueva York la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en dicha sede el 13 de diciembre de 2006. A poco menos de tres meses, España se comprometió a considerar, observar y hacer cumplir todas sus partes.
A día de hoy, después de diez años, nos encontramos con que ese compromiso no se cumple ni en accesibilidad, ni en educación, ni en inclusión social. El artículo 19 de la Convención – Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad - reza:
“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:
a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;
b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios (…) y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y evitar su aislamiento o separación de ésta”.
Comparando los datos por comunidades según el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social del 31 de diciembre de 2016, nos encontramos con que en el País Vasco, de 56.449 personas beneficiarias de prestaciones, 5.273 tienen concedidas Asistencia Personal. En Andalucía nos encontramos con 183.962 solicitantes y sólo nueve personas que reciben asistencia personal, con unas cuantías tan escasas que no se garantiza una vida familiar y social mínima, los que hace que muchas personas terminen prefiriendo otro tipo de prestaciones, como la Ayuda a Domicilio, Centro de Día, paga a cuidadores familiares, o residencias porque consideran que con éstas la familia sale más beneficiada, aunque sacrifiquen así sus deseos de autonomía e independencia.
Esta situación se debe en gran medida a la falta de información tanto de los trabajadores sociales como de la sociedad en su conjunto, a la que hay que añadir una situación de inercia creada por prestaciones basadas en el modelo médico-rehabilitador, que interpreta a la persona con diversidad funcional como dependiente e incapaz de tomar decisiones; mientras que el derecho a una vida independiente requiere el aplicar otro tipo de prestaciones y recursos, como el de la Asistencia Personal, que facilita en todo momento la autonomía y ayuda en la toma de decisiones para tener poder sobre su propia vida.
Resulta increíble que diez años después de haber firmado la Convención sigamos con un sistema que falla en la creación de empleo, con unos trabajadores mal pagados, que consume suelo y mantiene gastos de construcción, etc. Por el contrario, con un sistema de prestaciones basado en la vida independiente tendríamos a las personas dirigiendo sus vidas, sin salir de sus entornos sociales y familiares, aportando todo lo positivo de su presencia activa en la sociedad y contribuyendo, a través del pago de impuestos por contratos y nóminas legales, a una mayor creación de empleo local, digno y que supondría un menor gasto público.
La situación actual obliga a la subcontratación en precario: se hace a través de empresas y por pocas horas porque la prestación económica es pequeña, y de ella el proveedor privado ha de llevarse una parte. Por el contrario, si hablamos de pago directo a los usuarios para que estos puedan contratar directamente su asistencia o lo hagan mediante entidades gestionadas por usuarios -las llamadas Oficinas de Vida Independiente (OVI)- los resultados son increíblemente mejores.
Existiendo varios estudios económicos de algunas de estas oficinas que están funcionando en este país desde hace años, y cuyos resultados son reveladores, no se entiende que sigamos en esta dinámica. La OVI de Madrid, subvencionada por la comunidad autónoma y gestionada por Aspaym, dio como resultado que por cada euro invertido en asistencia personal, se da un retorno de 1,32€; y la OVI de Barcelona, con subvención municipal, obtuvo un retorno de 3,2€. El último estudio conocido es el de la Asociación VIAndalucía, cofinanciada con una subvención de la Junta de Andalucía y las prestaciones de los usuarios, cuyo resultado ha sido espectacular: se han obtenido 3,62€ de retorno por cada euro invertido, demostrando así que la Asistencia Personal es mucho más rentable para las arcas públicas que las demás prestaciones cuyo retorno no llega ni al euro y, lo que es más importante, perpetuando la falta de empoderamiento de las personas.
La OVI de Andalucía no sólo ha mostrado las fortalezas económica y social de este recurso frente a las demás prestaciones. También ha dejado en evidencia el beneficio que supone la universalidad del derecho, siendo pionera y única en tener entre sus usuarios a jóvenes y menores con diversidad funcional intelectual, mostrando las mejoras que les ha supuesto como personas, así como en sus relaciones familiares y entornos sociales.
Estela Martín
Concejala por Electores -EQUO en Alhaurín de la Torre
Coportavoz de Electores y de EQUO Málaga
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