La Fiscalía se ha adherido al recurso de Greenpeace contra el procesamiento acordado para los activistas acusados de causar daños al acceder en 2014, en el marco de una acción reivindicativa, al hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), al considerar que en la investigación judicial "no ha aflorado ningún indicio que acredite lo que hizo cada una de las 19 personas identificadas y, en particular, si ocasionaron algún daño concreto".
El Ministerio Público, que, en concreto, se ha adherido como ya hizo en reforma al recurso de apelación a la Audiencia Provincial del colectivo contra el auto del Juzgado de Instrucción 1 de Vera que propuso que los activistas fueran a juicio, sostiene, en esta línea, que no ha quedado "debidamente justificada" la perpetración del delito, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que la causa, que ahora se tramita como procedimiento abreviado, fue archivada por el juzgado instructor, si bien en segunda instancia se ordenó su reapertura en 2017 tras el impugnación de la promotora del hotel, Azata del Sol, porque tanto juez como fiscal concluyeron que los investigados "no tenían la intencionalidad de dañar propiedad ajena", sino que era "una manera de protestar".
La Fiscalía, que siempre ha pedido el sobreseimiento, estima que "prima el componente simbólico al material". De hecho, mantiene que, al estar declarada nula la licencia municipal de obras "y se llevase a cabo la demolición, los desperfectos quedarían sensiblemente anulados o disminuidos".
Por su parte, en el recurso de apelación, Greenpeace señala "abierta contradicción " entre el auto que acordó el sobreseimiento de la causa en 2016 y último el auto que transforma diligencias previas en procedimiento abreviado y subraya que la situación que "describía" en el primero es "la misma en la actualidad".
"Desconocemos a qué pruebas se refiere el juzgado instructor ya que lo único acontecido desde el archivo han sido más declaraciones de investigados que, en absoluto, han determinado su participación en los hechos", traslada el colectivo, que ahonda en que la "presuntamente perjudicada" Azata no ha presentado alegaciones, "por lo que entendemos que no tiene razones para sostener su denuncia".
En el recurso, Greenpeace indica que "resulta difícil comprender" que en una edificación "ilegal, condenada a la demolición por mor de múltiples pronunciamientos judiciales, pueda consumarse un delito de daños que se no se acredita".
"Con toda consideración e invocando la tutela judicial efectiva, entendemos que difícilmente se podrá encontrar en los tribunales de nuestro país ningún supuesto como el que nos ocupa y que pese a lo expuesto siga todavía sin haberse llevado a cabo su demolición", concluye tras desglosar hasta 14 sentencias contra El Algarrobico.
La causa penal, que inicialmente fue archivada por el juzgado instructor, se reabrió en enero de 2017 después de que la Audiencia Provincial de Almería considerase "debidamente justificada la perpetración del presunto delito de daños" en el transcurso de la que entonces era la sexta acción del colectivo conservacionista en el establecimiento y que consistió en dibujar un punto negro de 8.000 metros cuadrados en la fachada con la leyenda 'Hotel ilegal' para exigir su desmantelamiento inmediato.
Remarcó para ordenar la reapertura que "nada justificaba la realización de los mismos" y concluyó que la existencia de procedimientos en el orden contencioso administrativo en torno a la legalidad del hotel era "un hecho divulgado por los medios de comunicación", pero que "ni alcanza el nivel de hecho notorio, ni obra reflejado en modo alguno donde debería estarlo, es decir, en las diligencias previas".
"El atestado, además, identifica a una considerable cantidad de personas, entre 30 y 40, integrantes del grupo, que, de modo unitario, entraron en el lugar provisto del material de pintura, identificando a algunos partícipes que, siempre según aquel, admitieron ante la Guardia Civil su actuación", finalizaba la resolución.
Fueron más de un centenar de activistas de Greenpeace, según los organizadores, los que acudieron el 10 de mayo de 2014. Esta acción se produjo apenas mes y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitiera un segundo pronunciamiento --ahora revocado-- que contradecía el anterior dictado por el mismo órgano en el que declaraba el terreno del Algarrobico como urbanizable, lo que a juicio de Greenpeace, no hacía más "que enmarañar el caso y dar tiempo a las administraciones para no hacer cumplir la ley".
Cuatro días después de esta acción, un centenar de vecinos de Carboneras acudieron al hotel para modificar la pintada realizada por los activistas y cubrir de negro la 'i' de 'ilegal' para reivindicar así la apertura del edificio ya que, según ha defendido una parte de la población, sería "beneficioso" para la localidad "en cuanto a generación de puestos de trabajo y riqueza".
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