Ana Julia Quezada se convirtió en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz, de 8 años, cuya desaparición en Las Hortichuelas Bajas de Níjar (Almería) mantuvo en tensión a toda España, que durante casi dos semanas siguió la búsqueda del menor y su fatal desenlace.
Un jurado popular fue el responsable de juzgar a la acusada del 9 al 18 de septiembre y la declaró culpable de un delito de asesinato, dos de lesiones psíquicas a los padres y otros tantos delitos contra la integridad moral contra dichos progenitores, en un juicio sin precedentes en la Audiencia Provincial de Almería.
Por primera vez en la historia, se dispuso de dos salas de prensa en el Palacio de Justicia para dar cabida a los más de 130 profesionales de 35 medios de comunicación locales, regionales y nacionales, agencias, radios, televisión e internet, acreditados para seguir la vista oral.
El caso comenzaba el 27 de febrero de 2018, cuando se perdió el rastro del niño poco después de que dejase la casa de su abuela paterna en Las Hortichuelas Bajas. Gabriel se había trasladado allí con su padre y la, por entonces, pareja de este, Ana Julia Quezada, para pasar el puente del 28 de Febrero.
El jurado declaró probado que sobre las 15:30 horas de ese día Gabriel había salido a jugar con unos primos que vivían cerca. Ana Julia Quezada salió “inmediatamente después” y lo llevó en su vehículo a una finca del padre en Rodalquilar, en Níjar (Almería), en un lugar alejado y deshabitado.
Una vez allí, según la sentencia, lo lanzó contra el suelo y después lo asfixió.
Durante los once días que duró la búsqueda, en los que miles de personas se desplazaron hasta la zona para dar con el paradero del pequeño, Quezada “simuló encontrarse afligida y compungida, alentando los ánimos de los familiares, y generando falsas expectativas sobre la aparición del niño, involucrándose en las labores de búsqueda, desarrollando una actitud de simulación, fingimiento y farsa pública y notoria", según la sentencia.
El propio fallo recoge momentos como el vivido el 3 de marzo, cuando con la "intención de añadir más sufrimiento a los padres", colocó una camiseta del niño sobre unas matas, en un cañaveral de un paraje apartado y de difícil acceso.
El día 11 marzo, desenterró el cuerpo de Gabriel de la finca de Rodalquilar, lo metió en el maletero de su coche y durante el trayecto hasta Vícar (Almería) profirió expresiones de "absoluto desprecio" hacia el niño.
Sin embargo, el destino de Quezada no es aún inamovible. Su abogado ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que se repita la vista oral y que sea un tribunal profesional y no un jurado popular el que la juzgue debido a la supuesta contaminación mediática de la causa.
También ha pedido que se repita el juicio el letrado de los padres al entender que las instrucciones de la magistrada que presidió la vista durante la entrega del objeto de veredicto pudieron impedir que los miembros del jurado tuviesen en cuenta el ensañamiento con el que, según ha defendido siempre la familia, actuó la condenada.
La Fiscalía ha recurrido el fallo para solicitar que la procesada no sea condenada por los delitos contra la integridad moral que solo pedía la acusación particular.
La madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha manifestado en una reciente entrevista que el único objetivo es que se tengan en cuenta las periciales médicas aportadas por el letrado que probarían el ensañamiento durante el asesinato, a través de un "informe extraordinario".
"Tengo derecho, ya sí he visto esas pruebas", apuntó Ramírez, quien pide que al menos se le den argumentos científicos para denegarlas porque "como madre" necesita "respuestas". "Uno no puede salir impune cuando se ensaña con un niño", aseguró.
Mientras, la Audiencia Provincial de Almería ha acordado la prórroga de la prisión provisional de Quezada hasta un máximo de 16 años, 7 meses y 15 días, en tanto se resuelven los recursos presentados contra la sentencia por su defensa y la acusación particular.
Una decisión que Quezada conocerá lejos de Almería, ya que el 10 de diciembre se produjo su traslado desde el centro penitenciario El Acebuche al de Brieva (Ávila), después de que Instituciones Penitenciarias atendiese la solicitud de la penada para dejar la prisión de la capital almeriense.
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