Los trabajadores afectados por la silicosis en Andalucía siguen exigiendo justicia para su causa y dan por hecho que los juzgados andaluces acabarán dándoles la razón al igual que ocurrió con el caso de Vigo, en el que la sentencia condenó a Francisco Martínez-Cosentino, responsable de la multinacional con sede en Cantoria (Almería) a seis meses y tres días de cárcel por cinco delitos de lesiones graves y al pago de indemnizaciones por 1,1 millones de euros a cinco trabajadores de la empresa viguesa Granitel afectados por silicosis.
Ahora, la Asociación de Perjudicados por la Silicosis de Andalucía (APSA), entiende que, "como andaluces, nos avergonzamos de mantener el nombramiento como Hijo Predilecto de Andalucía a Francisco Martínez-Cosentino Frutos, una persona que se reconoce como un delincuente condenado como indica la sentencia" que se dictó en Vigo.
La entidad afirma que "no será esta la última condena penal, es más que posible que para el día 12 de julio, que se enfrenta a un nuevo juicio por una causa similar, se pueda esperar una sentencia condenatoria". La asociación afirma que, "además de estas querellas, se enfrenta a muchas demandas sociales por toda Andalucía y con muchas posibilidades de que afloren nuevas querellas por delitos de lesiones graves por imprudencia".
Por este motivo, "ante una situación insostenible como esta se hace necesario que le sean retirados los premios, nombramientos, medallas o cualquier otro reconocimiento o distinción que ofende la honradez de los andaluces. Es por ello que desde APSA, instamos a todos los representantes del pueblo andaluz,a limpiar el buen nombre de las demás personas premiadas con todo merecimiento".
Y es que, según publicó el miércoles el periódico Cinco Días, Cosentino habría provisionado ocho millones de euros para hacer frente a los “23 pleitos” por la enfermedad de silicosis que tiene actualmente abiertos. Francisco Torrico, secretario de la Asociación de Perjudicados por la Silicosis en Andalucía (APSA) estima que deben ser más de 23 pleitos los abiertos actualmente, ya que más de una quincena “los tiene abiertos nuestra asociación”. Y advierte que, aunque son procedimientos por la vía de lo social, podrían acabar en la penal, igual que ocurrió en Vigo, cuando la Inspección de Trabajo puso en conocimiento de la Fiscalía la situación. “Paco Martínez Cosentino, casi con toda probabilidad, va a terminar en la cárcel, con el procedimiento que tiene en Vizcaya en julio y si algún otro decida decirle a Inspección del Trabajo que investigue, se puede repetir el proceso de Vigo. Por tanto, hay muchos casos que pueden ir por lo penal”, indica el presidente de APSA.
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