La Audiencia Provincial de Almería ha condenado al dueño de un perro de raza peligrosa que atacó a dos guardias civiles durante una redada por tráfico de drogas en una asociación cannábica.
Según ha informado en una nota el despacho de abogados Penaltech, que ha actuado en nombre de la asociación profesional de la Guardia Civil Aprogc, los hechos tuvieron lugar en noviembre del 2019 en Aguadulce, en Roquetas de Mar.
Fue entonces cuando se produjo la detención de miembros de la junta directiva de esta asociación y, tras finalizar el acceso a uno de los locales del colectivo, los agentes procedieron a acceder a un segundo local que servía de domicilio de uno de los acusados.
En el interior de éste se encontraba un can que por su raza está clasificado como potencialmente peligroso. Por ello, los guardias solicitaron al dueño que lo atase, procediendo inicialmente a ponerle el bozal.
Pero una vez dentro de la vivienda, quitó dicho elemento de seguridad al animal y lo alentó para que atacase a los agentes, mordiendo en la pierna a uno de ellos, y en la mano al guardia civil que acudió a socorrer a su compañero.
Por ello, el primer agredido precisó de atención médica, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios y de una vacuna antitetánica, tardando 36 días en curar, mientras que el segundo recibió un punto de aproximación, la citada vacuna y analgésicos, precisando de 15 días de sanación.
Los acusados fueron condenados por varios delitos contra la salud pública, a penas que van desde un año a 3 años y dos meses. Igualmente fueron condenados por un delito de asociación ilícita a dos años de prisión.
Por el delito de atentado contra agente de la autoridad con instrumento peligroso, el propietario del perro ha sido condenado a la pena de 3 años y 2 meses de prisión, debiendo indemnizar con 6.400 euros al primero agente, y con 700 euros al segundo.
En palabras del abogado de los agentes, Fran Peláez, del despacho de abogados PenalTech, “lamentablemente, en ocasiones, se hace uso de perros de raza peligrosa como medio para atacar a la víctima. Esto supone una circunstancia que agrava el castigo para el culpable como así ha ocurrido en nuestro caso, en el que los guardias civiles únicamente pretendían hacer su trabajo”.
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