En el informe Si vuelvo, ¡me mato!, esta organización recoge denuncias de menores que han vivido en esos centros, en los que ingresan por trastorno de conducta o por encontrarse en situación de dificultad social, y realiza una investigación centrada en tres comunidades: Andalucía, Cataluña y Madrid, donde se encuentran el 55% de ellos.
Expone que muchos de los menores, que ingresan en los centros bajo la protección y el cuidado de las administraciones, son sometidos a castigos (atados, amordazados), ingresados en celdas de aislamiento y reciben medicación forzada, sin que se investiguen estas situaciones.
Según la ONG, en un centro de protección terapeútico de Cádiz un menor “nada más llegar, estuvo quince días internado en una celda de aislamiento que en las instalaciones denominan Aula de observación independiente, privado de contacto con otros menores”; a lo que se suma la situación en otro centro de Córdoba, en el que, “a pesar de que el director negó la existencia de un espacio de aislamiento, la presencia de éste fue confirmada por los propios internos”.
“Los menores que ingresan en esos centros están totalmente indefensos, porque nadie sabe cuántos son y cuántos centros existen y las administraciones y las entidades privadas que los gestionan dificultan que se lleve a cabo esas investigaciones independientes”, ha dicho el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
También lo ha explicado Sara Caras, una de las menores que estuvo ingresada en el centro malagueño Dulce Nombre de María, donde ingresó a los 15 años procedente de un centro de protección, en el que había vivido desde que a su madre le retiraran su custodia.
“Me daban continuamente tranquilizantes, ingresé en celdas de castigo, me ataban a la cama, me ponían esparadrapo en la boca para que no gritara, me pegaban puñetazos y a veces me despertaba sentada en una silla, a la que había estado atada durante doce horas”, ha dicho Sara, quien ha explicado que nunca iba al colegio.
Según la joven, esta actitud la mantenían todos los educadores del centro y ha lamentado “no haber conocido nunca a nadie que se sentara a escucharnos o a darnos consejos”.
Su abogado, José Antonio Bosh, ha destacado la paradoja de que la mayoría de estas niñas son trasladadas a estos centros “porque las madres o las familias no pueden atenderles” y cuando cumplen los 18 años “devuelven a los niños, sin estudios y sin redes sociales, totalmente indefensos”.
“Los Estados tienen la obligación de velar por el desarrollo integral del menor, ayudar a sus familias para que salgan de la exclusión y puedan recuperar a sus hijos”, ha señalado el abogado, quien ha lamentado la indefensión legal en la que se encuentran los menores y sus familias frente a las decisiones administrativas.
Amnistía ha recordado que el Defensor del Pueblo, en su último informe, y varios defensores autonómicos han denunciado estas situaciones, “pero las administraciones no lo han tenido en cuenta y no han hecho prácticamente nada”.
De los 58 centros de menores conocidos, tres son de gestión pública y el resto privada, ha señalado la organización.
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