Los hechos se remontan a la campaña electoral de 2003, cuando el entonces regidor de Almuñécar, Juan Luis González Montoro (PP), fue acusado por Benavides de haber usado fondos públicos para el reparto de una revista informativa sobre la gestión del equipo de gobierno y la inauguración de una plaza.
Un juzgado archivó en 2006 la querella en un auto en el que pidió sin embargo a la Fiscalía que investigara si el denunciante -Benavides- había incurrido en malversación de fondos públicos por haber supuestamente utilizado dinero del Ayuntamiento para depositar la fianza que el juez le pidió para tramitar la querella.
Benavides aclaró ayer ante el juez que la querella la interpusieron los letrados del Consistorio, que él no tuvo conocimiento del contenido y que cuando fue llamado para ratificarla "en ningún caso" se le dijo que fuera a título particular.
El alcalde explicó que cuando tuvo conocimiento de que el anterior regidor, Juan Luis González Montoro (PP), había pagado con dinero del Ayuntamiento "actividades prohibidas por la junta electoral", remitió la documentación a la asesoría jurídica para que llevara a cabo "las acciones oportunas" con el fin de recuperar los 38.000 euros destinados a esas actividades.
"Siempre he entendido que estaba defendiendo el interés público del Ayuntamiento", señaló Benavides, que resaltó que la finalidad "en todo momento" era que el Consistorio no pagara los 38.000 euros.
El alcalde explicó que cuando el juzgado le requirió una fianza de 9.000 euros -que se le exigía precisamente por ser querellante particular, ni ofendido ni perjudicado por el delito que es denunciaba- él trasladó esta documentación a la asesoría jurídica que indicó que era "procedente" el pago.
Además, recordó que la decisión de que el Ayuntamiento pagara esta fianza "se sometió a la Junta de Gobierno Local", donde estaban presentes el secretario y el interventor, que "no manifestaron ningún reparo".
Con respecto al poder que acompañaba la querella presentada -que autorizaba a intervenir en su nombre- Benavides defendió que se trata de un documento que firmó con anterioridad y "para otro tema que nada tiene que ver".
También declararon en la sesión de ayer del juicio -que se celebra con jurado popular y continúa hoy con la declaración de un último testigo- el secretario y el interventor del Ayuntamiento durante el tiempo en el que se produjeron los hechos, así como la actual interventora, el concejal de Hacienda y el asesor jurídico.
Éste último indicó que aunque se pagaron los 9.000 euros de la fianza que se solicitaron, se recurrió este pago porque entendía que "no deberían haberse exigido".
Por su parte, el secretario y el interventor que estaban presentes en la Junta de Gobierno Local en la que se acordó aprobar el pago confirmaron que dieron su visto bueno.
La Fiscalía, en conclusiones provisionales, solicita para el acusado dos años de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 27.000 euros.
En el escrito de acusación explica que Benavides interpuso una querella contra González Montoro a título particular, sin actuar como alcalde o representante del Ayuntamiento, e indica que la fianza de 9.000 euros fue satisfecha con caudales públicos del Ayuntamiento, pese a que esta entidad no estaba personada en el procedimiento.
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