El drástico descenso en el número de trabajadores andaluces en ERTE es una de las señales más potentes de cómo la economía de la región se está recuperando con bastante rapidez desde que se eliminaron las principales restricciones para evitar contagios de Covid-19.
El pasado junio el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) abonó en Andalucía 49,9 millones de euros correspondientes a las nóminas de 96.380 trabajadores protegidos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Esta cifra refleja un descenso en el número de perceptores del 80,6% desde mayo de 2020, cuando se alcanzó en Andalucía la cifra más alta de trabajadores acogidos a este tipo de prestación (498.820).
Este número fue descendiendo paulatinamente hasta los 404.996 en junio, 275.930 en julio, 209.169 en agosto y 178.307 en septiembre.
Histórico
Posteriormente, en octubre Andalucía alcanzó la cifra más baja, con 117.146 trabajadores en ERTE, que posteriormente creció hasta los 133.035 en noviembre, 143.126 en diciembre, y volvió a bajar en enero de 2021 hasta los 131.584.
En febrero la cifra volvió a bajar hasta las 145.000 personas en ERTE, número que no ha dejado de reducirse en marzo (144.880), abril (133.119), mayo (109.142) y ahora nuevamente en junio.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, estableció ayer una "clara relación" entre la reducción del número de trabajadores en ERTE y la recuperación económica motivada por "la masiva y continua llegada de vacunas a Andalucía, que superan ya los 9,3 millones de dosis distribuidas, de los que casi 5 millones han sido administradas en una primera dosis al 66,5% de la población y 3,85 millones de personas ya cuentan con la pauta completa, es decir, el 51,8% de los andaluces".
En el acumulado desde abril de 2020 a junio 2021, el número total de personas que han sido englobados en ERTE en empresas andaluzas asciende a 574.160 trabajadores, que han sumado desde entonces 2.109 millones de euros en nóminas para sustentar sus economías, sufragadas por parte de las arcas del Estado para evitar el desmantelamiento del tejido laboral.
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