La Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo sirvió este martes para la presentación del Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2020 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo. En el caso de la comarca, y más en concreto, de Algeciras, los principales asuntos abordados atañen al dragado de la APBA en el mar de Isidro y a asuntos de inmigración.
En concreto, tras la queja de una representante de una asociación vecinal por la falta de evaluación ambiental de un dragado en el mar de Isidro el Defensor del Pueblo requirió la misma a la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras (APBA).
La APBA, añade el informe, considera innecesaria tal evaluación por tratarse de una zona de dominio portuario, mientras que “esta institución no comparte esa conclusión”, que explica que, a pesar de que la zona no está incluida en la Red Natura 2000, sí “puede afectar de forma considerable” a tres espacios protegidos por dicha red. Además, el volumen de tierra a extraer supera los 20.000 metros cúbicos, por lo que se exige una evaluación ambiental.
“Ante la falta de aceptación por parte de la autoridad portuaria”, el Defensor del Pueblo explica que solicitó información a la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico, que “sí está actuando para exigir el cumplimiento de la legislación de costas y de evaluación ambiental”.
Costas, añade el informe, “se ha dirigido al órgano competente en materia de espacios protegidos marinos (la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación), que a su vez, ha comunicado a la APBA que resulta de aplicación el procedimiento de evaluación ambiental al proyecto de dragado, dado que se localiza en las inmediaciones de la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental, cuya gestión es competencia del ministerio”.
“Así las cosas -concluye el documento-, se han concluido las actuaciones seguidas con la Demarcación de Costas y se ha pedido a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que mantenga informada a esta institución sobre la fecha en que presente la documentación necesaria para el inicio de la evaluación ambiental del proyecto de dragado”.
Inmigración y seguridad
La mayor parte de los asuntos abordados en el informe que atañen a la comarca están relacionados con la inmigración y, cómo no, con la pandemia.
Así, un problema con el aislamiento de inmigrantes en el CATE y el traslado sanitario de los mismos que tuvo lugar en octubre es uno de los casos recogidos en el documento, al igual que la huelga de hambre de un grupo de argelinos en el CIE de Algeciras para reclamar su puesta en libertad ante la imposibilidad de devolución a su país por la pandemia.
Otro de los casos hace referencia a las dudas sobre la determinación de la edad de un menor extranjero no acompañado apesar de la existencia de un documento de la Fiscalía de Algeciras. Igualmente, se recoge la negativa a su consideración víctimas de trata de dos niñas somalíes que llegaron a Algeciras en diciembre de 2018, rescatadas en aguas internacionales.
En materia de seguridad, el informe señala que en el momento de su elaboración estaba en trámite “la actuación iniciada tras el fallecimiento de dos personas, durante los primeros seis meses de 2020, que se encontraban bajo custodia policial” en la Comisaría de la Policía Nacional de Algeciras. También se da cuenta de la agresión a un funcionario de prisiones en Botafuegos.
No más cementerios en Algeciras
Uno de los aspectos que aborda el informe del Defensor del Pueblo es la solicitud de construcción de un cementerio musulmán en Algeciras, si bien aclara que, al no tener las religiones carácter de administraciones públicas, no es posible su intervención.
En el caso de la propuesta en Algeciras, el informe explica que “el Ayuntamiento de esa localidad ha comunicado que ya se había informado a los interesados de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Algeciras no contempla la construcción de ninguna otra necrópolis en el municipio, al no poder cumplirse con los preceptos establecidos en el Decreto 95/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, de Andalucía”.
“Se señala que es un impedimento que afecta a todos por igual, independientemente de la adscripción religiosa”, apunta el documento. Por último, “se destaca que los dos cementerios municipales con los que cuenta la localidad son de carácter aconfesional y están preparados para acoger inhumaciones conforme a las creencias y tradiciones de la religión musulmana”, concluye el punto referido a dicha propuesta en Algeciras.
Transportes
El apartado referido a comunicaciones y transportes del informe anual del Defensor del Pueblo aborda de manera somera las “reducciones de horarios, la antigüedad de las infraestructuras y las frecuentes averías de las unidades que prestan servicio en la línea Bobadilla-Algeciras”, en referencia al ferrocarril, en un apartado en el que se recogen las quejas a nivel nacional.
El Defensor del Pueblo ha solicitado un informe al Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar sobre “la insuficiente comunicación, mediante transporte público” del Centro de Internamiento para Menores Infractores La Marchenilla, en Algeciras, respecto al núcleo urbano, según ha detectado la Unidad del Mecanismo Nacional para la Prevención (MNP).
El PP señala una subida de impuestos
El portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, José Ignacio Landaluce –el también alcalde de Algeciras-, pidió ayer a este, Francisco Fernández Marugán, que “aclare si durante su intervención ha pedido que se suban los impuestos a los españoles, aludiendo a unas palabras de Christine Lagar, que justo dicen lo contrario”.
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