El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso que la transferencia al Gobierno vasco de las competencias sobre las prisiones no es una deuda política, sino una "obligación" por cumplir lo que dicta la Constitución y el Estatuto de Autonomía vasco.
Así ha respondido Marlaska en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro, quien ha recriminado duramente al Gobierno que haya dejado "en manos exclusivas de Urkullu y Otegi la suerte de los presos vascos a cambio de que el presidente Pedro Sánchez siga contando con el apoyo de Bildu".
Tras lamentar que "lo peor queda por llegar", Gil Lázaro ha apuntado que el Ejecutivo vasco permitirá que los etarras acaben de cumplir condena en libertad, lo que, a su juicio, supone una "traición" a los muertos y demuestra la "infinita" miseria moral del Gobierno de Sánchez.
El diputado de Vox ha aprovechado su intervención para cargar contra la "debilidad, incapacidad, estupidez y fracaso" del Gobierno en la crisis de Ceuta, un asunto en el que no ha entrado en la réplica el ministro del Interior.
Sí ha recordado Marlaska a Gil Lázaro que fue precisamente él, en las filas del PP, quien en su día defendió en el Congreso las transferencias de la gestión del Tráfico al Gobierno de Cataluña para cumplir los acuerdos de investidura con CiU y los acercamientos de etarras "mientras ETA asesinaba".
"Esto se llama deuda y tiene usted experiencia", ha acusado Marlaska, antes de defender que las transferencia de las prisiones al País Vasco están legisladas tanto en los artículo 148 y 149 de la Constitución -contemplan las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas- como en el precepto 10.14 del Estatuto de Autonomía.
"Aquello que está legalizado e institucionalizado es una obligación, no una deuda", ha zanjado.
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