La provincia ha registrado durante la tercera ola la mitad de las bajas laborales asociadas a contagios por Covid-19. De acuerdo a los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, desde marzo pasado, se han contabilizado 20.381 incapacidades temporales por infección por coronavirus, 10.301 de ellas hasta diciembre, según los números contenidos en una reciente respuesta parlamentaria. De modo que solo entre enero y febrero se han anotado 10.350, el 50,7% del total.
Además, en los dos primeros meses del año se ha decretado un tercio de las bajas por cuarentenas, concretamente 16.383. El coronavirus ha enviado a casa a 49.539 trabajadores, que han permanecido en aislameinto una media de 12,61 días.
El Gobierno saca pecho y recuerda en la nota remitida a los medios el jueves pasado que, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, estableció entonces en el RD 6/2020 la asimiliación de estas IT por Covid a accidente de trabajo, lo que supone una mejora de la prestación a los empleados: en concreto, establece que la prestación sea del 75% de su base reguladora desde el día siguiente a la de la baja del trabajo, en lugar del 60% de la base reguladora desde el cuarto día de la baja hasta el vigésimo inclusive y del 75% desde el día 21 en adelante que supone para quienes se les reconoce una baja por enfermedad común. También hace que la Administración asuma el coste de esta prestación desde el primer día, a diferenrecia de la baja común, cuando lo hace a partir del día 15. El Ejecutivo asegura que ha liberado del coste que asumen trabajadores y empresas en caso de baja común.
Sin embargo, el vicepresidente segundo del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz, Juan Carlos Cabrera, matiza que los empresarios han tenido que hacerse cargo de los costes de Seguridad Social y el complemento de la prestación establecido hasta de un 25% en la mayoría de los convenios colectivos vigentes en la provincia.
Cuestiona, igualmente, el procedimiento. “Las bajas se han dado por teléfono”, subraya. “Los médicos han tirado por la calle de en medio”, agrega, enviando a los trabajadores a casa cuando han expresado su sospecha de sufrir síntomas. “Ha sido un despropósito, ha faltado coordinación”, afirma. El colapso administrativo lo ha complicado todo.
Emilio Neva, propietario del bar cafetería Recreo, en el Barrio Alto de Sanlúcar, lamenta que “nos cerraron el establecimiento por Covid porque un cliente contagió a un camarero a mediados de febrero” y, sin solución de continuidad, se decretó la suspensión de la actividad no esencial. “Hemos sumado otro mes sin actividad pero he seguido pagando al Gobierno, que no nos ayuda en nada”, denuncia. La pandemia le ha costado ya unos 30.000 euros en pérdidas y ha jibarizado la plantilla, pasando de nueve trabajadores a cuatro.
Fermín Hidalgo, gerente del restaurante Entre Botas, también en Sanlúcar, en el complejo bodeguero La Gitana, cerró las puertas del local por el positivo de un compañero y pese a que los otro siete trabajadores contaban con un PCR negativo en clínica privada que les supuso un gasto de 700 euros. “Falta previsión”, se queja, y recuerda que la renovación de los ERTE en la primera ocasión se produjo solo un día antes de que expiraran. También reclama más apoyo por parte del Gobierno.
Manuel Raposo, abogado y graduado social de San Fernando, considera que el Ejecutivo podría haber optado por poner a disposición de las empresas incentivos ante las bajas por Covid para sustituir al empleado enfermo similares la que se aplican a los contratos de interinidad que se celebran con personas desempleadas para cubrir los puestos de trabajadoras que tengan suspendido su contrato de trabajo durante los períodos de descanso por maternidad. En estos casos, tienen derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional y en las aportaciones empresariales de recaudación conjunta.
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