El titular del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, Javier Vázquez, decidirá en las próximas semanas si suspende cautelarmente los acuerdos tomados en dicha junta tras la vista celebrada ayer por la demanda presentada por el ex vicepresidente de la compañía, Jaime Salazar, a través de su sociedad Alván.
El demandante solicita al juez que invalide el nombramiento como consejeros de Miguel Salinas y la sociedad Ahorro Corporación, que fueron designados en lugar de los empresarios Jaime Pereña y Luis Chicharro, propuestos por los Salazar para cubrir su cese, que también se hizo efectivo en dicha junta.
El representante legal de Jaime Salazar, Óscar Álvarez, acusó a SOS de "burlar la ley" y intentar dar "apariencia de legalidad" al dejar a los hermanos sin representación en la compañía antes de que una sentencia decida sobre su imputación por el presunto desvío de 230 millones de euros de la compañía.
Al respecto, el abogado de SOS, José Antonio Rodríguez Álvarez, alegó que su cese no puede considerarse "abusivo", porque cuando se celebró la junta, el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ya había admitido a trámite la querella contra los Salazar por presuntos delitos de apropiación indebida, estafa, administración desleal y uso de información privilegiada.
Además, Rodríguez argumentó que las pruebas documentales "han dejado debidamente acreditado" que los hermanos Salazar desviaron 230 millones de euros de la compañía a la sociedad Condor Plus, que fueron a parar a sus sociedades patrimoniales y a la compra de un paquete de acciones de SOS, dentro de una "supuesta operación corporativa" que iba a permitir la entrada de un fondo libio.
"Estas operaciones supusieron infracciones a la normativa Mercantil, Societaria y del Mercado de Valores", enumeró el abogado, quien recordó que el Registro Mercantil se mostró favorable al nombramiento de los nuevos consejeros.
El letrado de Salazar alegó que existe el llamado "peligro de demora" al dejarles sin capacidad de voto en las operaciones previstas por la compañía como la refinanciación de su deuda, el plan de desinversión de activos o el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el nuevo equipo gestor pretende llevar a cabo.
Por su parte, Rodríguez, calificó estas "justificaciones" del antiguo vicepresidente de SOS de "abstractas e indeterminadas" y pidió al demandante que presente una "mayor exigencia en los requisitos" en los que se basa su solicitud de medida cautelar.
Álvarez denunció que SOS ha vulnerado el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónima, que establece el sistema proporcional de representación en las juntas de accionistas, y el Real Decreto 8.21 que regula las Agrupaciones de Interés Económico (AIE), al considerar que las cajas de ahorros no pueden controlar el 100 por ciento del capital cuando ostentan un 35 por ciento.
Por su parte, el abogado de SOS recordó que el artículo 131 de la Ley de Sociedades Anónimas otorga la potestad a los accionistas para "separar a los administradores en cualquier momento y nombra a un consejero en representación de su parte proporcional".
El juez desestimó la declaración como testigos del representante en la junta propuesto por los Salazar, Jaime Pereña, así como la del secretario de la junta de SOS, José Querol, ambas pruebas solicitadas por Jaime Salazar. El magistrado denegó a la empresa la declaración como testigo de su representante legal.
El próximo 2 de diciembre, los Juzgados de lo Mercantil de Madrid celebrarán la vista por una demanda similar presentada por el ex presidente de SOS, Jesús Salazar, en nombre de su sociedad Unión de Capitales.
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