Hace justo un año, Silvia Oñate reclamó en Bruselas que el Gobierno español igualara la pensión de viudedad de matrimonios y parejas de hecho. Con el respaldo del Parlamento Europeo, de regreso a Castilleja de Guzmán, la localidad sevillana en la que reside, retomó los contactos con partidos políticos con representación las Cortes Generales hasta conseguir en octubre que, con la excepción de Vox, que se abstuvo, todos los grupos acordaran solicitar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado recogiera la modificación del artículo 221 de la ley 40/2007 de la Seguridad Social. De esta manera, se pondría fin de manera definitiva a una situación “injusta, arbitraria y discriminatoria” que afecta a la propia Oñate y a otras 1.800 familias en toda España.
“Cuando mi marido murió en 2017, yo cobraba más y descubrí entonces que, por ser pareja de hecho, no tenía derecho a pensión”, explica. Basta con que la mujer ingrese un céntimo más durante el último año antes del deceso. “La norma genera huérfanos de segunda categoría, genera hambre, es lacerante e inconstitucional, una tubería rota del marco legal que chorrea residuos tóxicos sobre nosotras”, agrega con rabia. Pese al consenso en la Cámara Alta y que el pacto de Gobierno de la actual coalición del PSOE y Unidas Podemos también incorporaba el compromiso de corregir la ley, finalmente no se ha incluido la modificación en el articulado aprobado el jueves de la semana pasada en el Congreso. Más País y Ciudadanos presentaron enmiendas que, de manera parcial, recogían la demanda de la Asociación Vida de mujeres viudas y madres de hijas e hijos huérfanos creada y presidida por Oñate.
En la semana previa a la votación, la que fuera diputada socialista y directora del Instituto Andaluz de la Mujer, ha estado en huelga de hambre para apelar la sensibilidad de los partidos. Pero ninguna de las enmiendas prosperó. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no obstante, se ha comprometido a estudiar el asunto, nunca antes de 2021, porque, además es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
Oñate confía en la promesa de Escrivá, pero lamenta la falta de compromiso. En la reforma de las pensiones de 2007, se justificaba la inviabilidad para igualar las prestaciones de viudedad a las parejas de hecho por la falta de una ley de ámbito nacional que igualara a su vez este tipo de uniones con los matrimonios. Ahora, la Comisión de Presupuestos del Congreso admite abiertamente que aumentaría el gasto de manera inasumible.
En España hay 1,8 millones de parejas de hecho, potenciales beneficiaras, por tanto del cambio normativo. Esta opción, además, crece en términos relativos muy por encima que las bodas civiles o religiosas. El número de parejas casadas se reduce en un 1,3% en Andalucía desde el año 2015, mientras que las parejas de hecho han crecido un 9,5%.
“Existe la creencia de que, los costes económicos de un divorcio se disparan en el caso de que estén casados”, apunta el abogado José Ortiz, de Bufete Ortiz Abogados. “También se opta por la pareja de hecho para evitar el compromiso o la factura de una celebración de boda”, agrega. Advierte que hay que valorar la letra pequeña para asumir que hoy, con la ley en vigor, se puede acabar sufriendo una injusticia como la de Oñate. Pero también apunta que una relación no registrada como pareja de hecho o como casamiento tiene más problemas aún para la pensión de viudedad porque hay que demostrar que se ha convivido durante al menos 5 años.
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