El segundo juicio de los ERE, el primero relativo a la ayuda individual a una empresa, se reanuda este lunes ya sin uno de los grandes protagonistas de la macrocausa general, el fallecido Javier Guerrero, y con un nuevo horizonte para los ex altos cargos de la Junta de Andalucía condenados antes en la pieza política.
Ocho días después del fallecimiento de Guerrero, ex director general de Trabajo, y cuatro después de confirmar el enjuiciamiento de los otros cuatro acusados a quienes la Audiencia ya impuso penas de cárcel por el denominado procedimiento específico, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla retoma las sesiones por las ayudas públicas que recibió Aceitunas y Conservas (Acyco).
En el auto en el que resolvieron las cuestiones previas, la Sala explicó que los hechos juzgados en la pieza política no son los mismos que los de esta pieza separada, centrados en los 2,9 millones de euros que el Gobierno andaluz concedió a Acyco en 2003.
Esa decisión abre un nuevo e inesperado panorama para los antiguos altos cargos condenados en la pieza política en general y para los acusados por la ayuda a Acyco en primer lugar: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano.
Sus defensas solicitaron la exclusión de todos y apelaron al principio 'non bis in ídem', que impide juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos y que ha sido aplicada de forma constante por otra Sala de la Audiencia sevillana, la Sección Séptima, que incluso dictó la exclusión firme de Fernández y Serrano de esta causa, si bien la Tercera replicó que no hubo "sobreseimiento expreso".
La Sala que juzga el caso Acyco no comparte el criterio de sus compañeros de la Sección Séptima y se alinea así con la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que en decenas y decenas de piezas separadas se está oponiendo sistemáticamente a la exclusión de los ya condenados, lo cual puede suponer un giro drástico al devenir de las casi 190 causas relacionadas con ayudas a empresas abonadas con fondos de la partida 31-L.
A partir de ahora está por ver si la Sección Séptima, a la que llegan todos los recursos de las defensas de los ex altos cargos, mantiene la línea que ha exhibido hasta ahora o la modifica una vez conocida la postura de la Tercera.
También es una incógnita qué harán las otras dos secciones penales de la Audiencia a las que les toque enjuiciar otras ayudas.
A lo largo de las 118 páginas del auto dictado el pasado 15 de octubre, el tribunal argumenta que los hechos vinculados a Acyco "no han sido objeto de enjuiciamiento con anterioridad ni, en concreto, en el denominado procedimiento específico" y añade que sigue lo indicado "de manera clara y contundente" por la Sección Primera, que al resolver las cuestiones previas de la pieza política concluyó que "las ayudas individuales no eran objeto de enjuiciamiento" en esa causa.
En Acyco está como acusado otro ex director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, que no fue enjuiciado por el procedimiento específico
La Fiscalía Anticorrupción pide doce años y medio de cárcel para Fernández y Barberá por prevaricación continuada y falsedad documental, ocho para Serrano por prevaricación, seis para Rivera y cuatro y medio para Márquez, así como catorce para la presidenta de Acyco y que los acusados indemnicen solidariamente a la Junta con 2.951.410,84 euros.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
