Según explicó el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició a raíz de la desarticulación de una de las principales organizaciones narcotraficantes en Sanlúcar y continuó en una segunda fase centrada en rastrear el dinero procedente de dicha actividad.
Tras nueve meses de investigación, los agentes determinaron el "patrimonio real" de los investigados, que fue intervenido judicialmente para poder hacer frente a las fuertes sanciones económicas que suelen incluir las condenas por delitos contra la salud pública y que, habitualmente hasta la fecha, quedaban sin efecto al carecer los condenados de bienes a su nombre.
En aquella primera fase, culminada el pasado 23 de junio, se consiguieron intervenir 14 vehículos, seis embarcaciones, dos motos de agua, 90.000 euros en efectivo, numerosas joyas, nueve viviendas y numerosa documentación.
APARIENCIA DE LEGALIDAD
Tras un estudio detallado de la documentación intervenida, se desprendieron indicios suficientes que demostraban la comisión de un delito de blanqueo de capitales. Los 13 detenidos por este delito en las últimas semanas, todos ellos de Sanlúcar, actuaban como "testaferros" de los narcotraficantes a fin de dar una "apariencia legal" a los bienes de los que disfrutaban estos últimos.
En algunos casos, personas jubiladas que carecen de permiso de conducir aparecen como titulares de vehículos tales como un BMW X5, en otros, personas que viven gracias al subsidio del paro y de ayudas familiares aparecían como titulares de un Mercedes E-220-CDI y de un BMW 645 descapotable.
Una vez unidos los patrimonios "nominal" e "imputable" de todos los detenidos, los bienes intervenidos durante las dos fases de la operación se elevan a 20 vehículos, nueve embarcaciones, tres motos de agua, tres fincas, 13 viviendas, 242.000 euros, numerosas joyas y 46 productos financieros valorados en cerca de 3,5 millones de euros.
La investigación fue dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Sanlúcar. Finalmente, la Benemérita destacó que los detenidos por blanqueo de capitales --familiares de los presuntos narcotraficantes en muchos de los casos-- se enfrentan a condenas superiores a la del tráfico de hachís.
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