Desde que tengo uso de razón el Centro de Investigaciones Sociológicas ha sido un referente en el análisis de datos y elaboración de encuestas. Algo cambió en junio de 2018, José Félix Tezanos, miembro de la ejecutiva del PSOE, era nombrado director de esta institución, el primero con una relación tan directa con el partido político que preside el Gobierno en ese momento. Si no bastaba esta relación tan estrecha con el Ejecutivo, ya susceptible de desconfianzas, el actual director ya había expresado su idea de hacer política desde las encuestas y que las mismas ganaban y perdían votos.
En estos dos años, Tezanos ha sido un foco constante de noticias, desde sus discusiones con la patronal de encuestadoras a los constantes cambios en la ‘cocina’ de sus encuestas pasando por muchas polémicas más. Por si fuera poco, el CIS se ha convertido en la peor encuestadora nacional. Incluso las que no tienen un tracking permanente han ofrecido en los últimos años mejores pronósticos electorales. El último ejemplo que tenemos es en las elecciones autonómicas vascas y gallegas, en las que el CIS fue la única encuestadora con más de 3 puntos de desviación.
El disparate es doble cuando el Centro encima cuenta con el mayor presupuesto de la historia, con más de once millones de euros y un aumento en el último año de nada menos que tres millones euros. Esto contrasta con la realidad del sector. Gad3, la encuestadora que menos desviación acumulada ha tenido en los últimos años, no llega al millón de euros de facturación. Entonces, viene lo realmente grave, pues nadie pregunta cómo una encuestadora privada con menos del 10% del presupuesto del CIS puede obtener muchos mejores resultados.
Nadie plantea cambios. A este Gobierno, que a su vez hace apología de los servicios públicos, parece no importarle desprestigiar un Centro con una reputación intachable por meros intereses electorales. Tampoco extraña tras los sucesivos escándalos en lo que han colocado a personas con claros perfiles ideológicos defenestrando a los técnicos brillantes, por lo tanto, perjudicando a funcionarios que hayan desarrollado su carrera de manera notable en la administración pública. Siempre he pensado que hay que predicar con el ejemplo, y si la intención del actual Gobierno es mejorar la reputación del sector público debería tomar en consideración este tipo de detalles.
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