El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha encargado la elaboración de la cadena de valor del Aceite de oliva virgen extra a un equipo de investigadores de la Universidad de Jaén (UJA), que lidera el catedrático de Análisis e Investigación de Mercados Manuel Parras Rosa. Con este encargo, el Ministerio de Agricultura, retoma, a petición del Observatorio de la Cadena Alimentaria, los estudios sobre la cadena de valor interrumpidos desde el 2014. Estos estudios son de gran interés para el sector oleícola porque permiten conocer cómo se forman los precios y cuáles son los márgenes comerciales entre los distintos operadores, desde el cultivo de la aceituna hasta el consumidor final, pasando, en este caso, por los procesos industriales de transformación (almazara y envasado), hasta llegar a los establecimientos de la distribución comercial. El estudio, que estará finalizado antes de final de año, cuenta con la participación, junto a Manuel Parras, de los investigadores de la Universidad de Jaén Adoración Mozas, Francisco José Torres, Eva María Murgado, María Gutiérrez, Manuela Vega y Enrique Bernal, junto con Antonio Ruz Carmona, gerente de la Cooperativa San Roque de Arjonilla. Costes de producción
Precisamente, el ministro Luis Planas se refirió ayer a la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria y, en especial, al referencial de costes de producción elaborado con una horquilla que van desde los 1,50 a los 3,56 euros de coste por kilo, para al menos seis tipologías de olivar. Los precios de venta se sitúan en una media de 2,1 euros para el virgen extra y de 1,9 para el virgen. Eso sí, el ministro admitió que se trata de “un referencial indicativo pero no prescriptivo” y que el precio final debe estipularse a partir del acuerdo contractual entre las partes. “La Ley tiene sus márgenes pero no podemos alterar las reglas de Competencia”, dijo Planas. Sin embargo, la COAG denunció en días pasados que las principales industrias compradoras están coaccionando a las cooperativas de aceite de oliva para que vendan por debajo de costes. “Si alguien quiere infringir o coaccionar lo que debe hacer el vendedor es denunciar”, exclamó el ministro, para quien los afectados pueden dirigirse tanto a la AICA como a las comunidades autónomas.
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