El Consejo de Gobierno andaluz ha tomado conocimiento este martes del Protocolo para la aplicación de medidas especiales en materia de salud pública en caso de infección por Covid-19, con el que la Junta de Andalucía se dota de "medidas ejecutivas" para garantizar el aislamiento de pacientes que hayan sido confirmados como infectados del coronavirus.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el titular andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha comentado que su departamento dispondrá de "medidas ejecutivas", que pueden incluir hasta recurrir a las "Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", a órdenes judiciales o de "busca y captura" ante "personas individuales o colectivas que no quieran someterse al aislamiento preventivo en su domicilio o donde se crea oportuno".
De esta manera, la Junta ha justificado la elaboración de este protocolo como forma de seguir haciendo frente a la emergencia de la pandemia con medidas "orientadas a proteger la salud y la seguridad de la ciudadanía, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública".
La Junta entiende que, conforme a los protocolos establecidos, es "fundamental" asegurar que las medidas de aislamiento de los casos confirmados y sus contactos se realizan "rápida y correctamente" para evitar la "diseminación de la infección".
De esta manera, la Junta busca con estas medidas de prevención garantizar "por una parte, que la ciudadanía evite comportamientos que generen riesgos de propagación de la enfermedad y, por otra, que las actividades en que pueda generarse un mayor riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad se desarrollen en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio".
Para ello, uno de los elementos clave de la estrategia es la implantación de medidas preventivas como el aislamiento efectivo de los casos de Covid-19 y de los contactos estrechos, como se recoge en el Plan para la Vigilancia y la Prevención de Brotes de Covid-19 en Andalucía, aprobado el pasado día 9, que prevé la posibilidad de que existan aislamientos de casos Covid-19 que, "por algún motivo social o personal, no puedan realizarlo de manera efectiva en su domicilio", haciendo previsión de la activación de recursos para dicho alojamiento y aislamiento.
En cuanto al procedimiento se establece que, tanto en casos individuales como colectivos en los que una persona rechace medidas de aislamiento o no se la pueda localizar, la Unidad responsable de la Red de Vigilancia Epidemiológica elaborará un informe detallando circunstancias clínicas, así como la evaluación del riesgo.
Se deberá "hacer todo lo posible para la localización del caso y, si es necesario, se realizará un requerimiento por escrito al afectado o afectados conminándoles a seguir las recomendaciones y advirtiendo de que, en último extremo, se reclamará la intervención de la autoridad sanitaria".
Si esta comunicación no surtiera efecto, la unidad responsable "remitirá un informe completo de forma urgente a la Delegación Territorial de Salud y Familias", así como se analizará si el domicilio "reúne las condiciones para el aislamiento o si es necesario un recurso habilitado al efecto o incluso la hospitalización obligatoria si procede, para lo que se solicitará la colaboración de entidades locales".
En estos casos también se determinarán medidas necesarias, como el control de la movilidad y la limitación o prohibición del desarrollo de determinadas actividades en el ámbito afectado.
En caso de no conseguir el aislamiento efectivo, la Delegación Territorial de Salud y Familias, como autoridad sanitaria, solicitará la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y simultáneamente se informará al Juzgado de lo Contencioso Administrativo sobre los riesgos para la salud pública que justifican las medidas excepcionales.
También se convocará y organizará de forma urgente un dispositivo operativo local que reúna a diversas entidades de ámbito municipal, regional y nacional. Se realizará una evaluación continua de las actuaciones y de la situación epidémica con el fin de determinar el cese de las medidas implantadas cuando se considere controlada la situación de riesgo.
En todo caso, "se mantendrá abierta la posibilidad de obtener el consentimiento de los contagiados y se dará preferencia al cumplimiento voluntario de las medidas sanitarias procedentes".
LA JUNTA DISPONDRÁ DE SITIOS PARA ALOJAR A POSITIVOS
Jesús Aguirre ha apuntado que, "en caso de extrema necesidad", la Junta tiene ya en cada provincia "un sitio específico para alojar a aquellas personas que voluntariamente no se quieran alojar en su domicilio, o no tengan dónde alojarlos", para "tener donde alojarlos y hacerles el aislamiento como forma de evitar los contagios y por el bien común".
Además, a preguntas de los periodistas, el consejero ha enfatizado que "no le temblará la mano" para "tomar las medidas que creamos más oportunas" en esta materia.
AISLAMIENTO DE PATERAS
Por otro lado, el consejero de Salud ha comentado también que desde su departamento están exigiendo al Gobierno central el "aislamiento in situ" de migrantes que sean positivos en las pruebas de coronavirus a su llegada a las costas andaluzas, como ha ocurrido con dos que han llegado a Algeciras (Cádiz) en una patera proveniente de Argelia, según ha explicado.
Ha advertido de que, si el Gobierno no atiende a esta petición para aislar a los migrantes que den positivo "durante el tiempo que sea necesario", con una cuarentena de entre diez y 14 días según establecen las recomendaciones sanitarias, desde la Junta tendrán que aplicar el protocolo validado este martes en el Consejo de Gobierno.
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