Así, la portavoz de Vivienda del PP-A, Alicia Martínez, apoyó esta iniciativa al haberla planteado antes su formación, pero reclamó que se extienda también a las viviendas protegidas, un stock sobre el que también se tiene que actuar la Junta.
Recordó que uno de los compromisos de Griñán fue la puesta en marcha de un Plan Financiero de Apoyo a la Vivienda Protegida que “hasta la fecha no existe”, pese a que el PP ha llegado a plantearlo hasta en cuatro ocasiones en el Parlamento y que fue rechazado por el PSOE.
“Las propuestas del PP para avalar a los adquirentes de viviendas han sido rechazadas continuamente en el Parlamento”, indicó la Martínez, quien añadió que “saluda” que Griñán “imite” a a su partido, pero le recordó que en Andalucía hay actualmente un stock de unas 176.750 viviendas.
Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, calificó ayer de “adecuada” la propuesta de Griñán, si bien consideró que tiene que ir acompañada de medidas complementarias, como sería el fijar un impuesto para las viviendas que no estén habitadas.
Sobre la reducción del 20% en el precio de las viviendas que esta medida supondrá, señaló que la Junta “está lejos de Banesto que va más allá y propone una reducción del 40%”.
La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, confirmó ayer que esta iniciativa, que se detallará la próxima semana, no supondrá ningún incremento adicional para la Junta.
Mientras el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, apuntó que el objetivo prioritario del programa es “sacar las viviendas que constructores y promotores tienen por vender para que el sector recupere su actividad y vuelva a tener capacidad para invertir y desarrollar nuevos productos, principalmente viviendas protegidas” y no "sacarlas de los bancos".
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