Ambos cargos del PP acusaron al regidor de ser responsable de la contratación de unas cien personas afines a los imputados en la citada trama cuando él era concejal de Personal, entre 2003 y 2007.
La defensa del alcalde, representada por el letrado Raimundo Fernández, aportó en rueda de prensa los certificados de los secretarios de las empresas municipales en las que certifican que "no consta que en el referido consejo de administración se le confieran poderes a David Valadez".
El abogado indicó que no hay ningún contrato realizado a empleados de las sociedades en las que aparezca su firma, porque nunca ha tenido esa facultad.
Además, obra en el expediente, según la defensa, un informe del jefe de Recursos Humanos en ese periodo en el que se acredita el procedimiento selectivo que en todo momento se llevó a cabo para la selección del personal laboral y funcionario.
Sobre las acusaciones que ha realizado Salado en relación a la adquisición de su vivienda, un ático, supuestamente por un precio inferior al de mercado, a una empresa vinculada con la trama, la defensa aporta como pruebas los pagos efectuados desde 2002 por la ahora esposa de Valadez "cuando ni siquiera eran novios", y copia del contrato de compraventa de la vivienda que se firmó en 2003.
Además, se aportan extractos bancarios de los recibos pasados por la promotora por la cuenta corriente personal de su ahora esposa, así como escritura del inmueble.
El letrado insiste en que la decisión de adquirir ese piso fue de su ahora esposa cuando no mantenía relación con Valadez.
Con esta información, recoge la querella, se ha buscado no sólo perjudicar política o socialmente a Valadez sino incluso se le ha llegado a acusar de corrupto, según su letrado.
Valadez expresó su confianza en que caiga todo el peso de la ley sobre los denunciados al entender que en política "no vale todo" y advirtió de que no permitirá que se "mancille su nombre" ya que su único aval es su honorabilidad.
Lamentó la campaña de "acoso y derribo" del PP, más preocupado en desprestigiarlo a él "que en exigir responsabilidades a las personas que han causado presuntamente graves daños a la localidad".
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