La Fiscal Superior de Andalucía ha archivado la investigación contra la actual ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que fue denunciada por el Parlamento autonómico por no comparecer en la comisión que investigó a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).
En el decreto de archivo, fechado el 17 de enero y al que ha tenido acceso Efe, Ana Tárrago se muestra conforme con la propuesta efectuada por el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se ha encargado de las diligencias, Alberto López.
La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, presentó la denuncia el 20 de diciembre de 2019 por si la incomparecencia de Montero ante la comisión de investigación, prevista para el 8 de noviembre, pudiera ser constitutiva de un delito de desobediencia con la agravante de ser una autoridad o funcionario público.
Montero fue citada en su calidad de exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, pero no compareció y se remitió a un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban presentarse en comisiones de investigación de ámbito autonómico.
El informe era similar al que presentó en mayo de 2016 la entonces ministra de Empleo, Fátima Báñez, para no comparecer ante la comisión de investigación sobre los cursos de formación creada también en el Parlamento de Andalucía.
En su decreto, la Fiscalía del TSJA recuerda que la comisión de investigación no estaba "exclusivamente dirigida a conocer unos hechos" y averiguar sus causas y sus consecuencias, sino que "perseguía analizar y evaluar sus posibles consecuencias, es de suponer con declaración de las responsabilidades políticas correspondientes".
Por tanto, la comisión "tiene un matiz político que no puede ser ignorado a la hora de valorar el comportamiento de las personas y autoridades citadas", añade.
El fiscal también destaca que el Consejo de Estado ha informado "repetidamente" de que "el poder fiscalizador y de control" de las comisiones autonómicas de investigación "no puede considerarse ilimitado" a la hora de "requerir la presencia de determinadas autoridades y funcionarios", sino que "habrá de ajustarse al ámbito propio de actuación de las instituciones autonómicas".
"En consecuencia", prosigue el Ministerio, las autoridades o funcionarios del Estado "no tienen la obligación de comparecer" ante las comisiones autonómicas, por lo que "tampoco cabe exigir responsabilidad alguna" a Montero por no atender el requerimiento que le cursó el Parlamento.
El fiscal, además, matiza que la ministra recibió un requerimiento, "que no una solicitud", como habría sido "procedente" según el Reglamento del Parlamento de Andalucía, aunque "la forma de citación es hasta cierto punto indiferente".
En el caso del requerimiento, una comisión autonómica "carece de potestad para controlar la actuación de los órganos" del Estado, mientras que una solicitud "no genera obligación alguna de asistencia para su destinatario", quien podrá "atenderla o rehusarla a su criterio".
La comisión de investigación centra sus trabajos en las irregularidades cometidas en la gestión de la Faffe, entre ellas el pago de cuentas en prostíbulos con tarjetas de crédito a cargo de dinero público.
Dos expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Susana Díaz, tampoco comparecieron ante la comisión alegando que no habían recibido las notificiaciones, mientras otro expresidente, Manuel Chaves, acudió pero rehusó responder a las preguntas de los diputados y abandonó la sala.
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