El consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler, compareció ayer a petición del PP en el pleno del Parlamento para informar sobre el funcionamiento de Sandetel y de sus filiales Sadesi y Citandalucía después de que la Cámara de Cuentas detectará en un informe fiscalizador correspondiente a 2007 incumplimientos contables y de contratación.
Martín Soler aseguró, tras recordar que la Cámara de Cuentas advierte de la necesidad de realizar una lectura global del informe para lograr una comprensión adecuada, que estas "debilidades" y "diferencias" detectadas ya han sido superadas en los ejercicios posteriores.
Además, anunció que su departamento ha solicitado a la Consejería de Economía y Hacienda que la Intervención General de la Junta someta a estas empresas a control financiero permanente -y no sólo con periodicidad variable, como ocurre hasta ahora- para incrementar las garantías de control que ya se ejercen.
Soler negó, como indicó el diputado del PP-A Salvador Fuentes, que existan "gravísimos indicios de delito", aunque reconoció "errores que ya se han corregido", insistió.
Sandetel es una sociedad instrumental de la Junta, dependiente de la Consejería de la Presidencia y participada en un 51 por ciento por la Agencia IDEA de la Consejería de Innovación y en un 49 por la RTVA.
El informe de fiscalización de 2007 revela que se detectaron contratos para los que existía "indicación expresa" de la Consejería de Innovación del que debía resultar adjudicatario.
Además, se refiere a "incumplimientos" en los estados financieros, entre ellos de "debilidades" en el control interno y la imposibilidad de comprobar la legalidad del sistema de acceso a puestos en Sandetel y Citandalucía.
Refleja la indicación expresa de contrataciones y de la prórroga de contratos que por su cuantía debían haberse ofertado públicamente, según la Cámara, que cita casos concretos como el de seis empleados de Citandalucía y uno de Sandetel que prestan sus servicios de forma permanente en la Consejería de Innovación.
Las explicaciones sobre las "debilidades"
El consejero indicó que las tres entidades han dado cumplida respuesta, en forma de alegaciones, a cada una de las cuestiones planteadas y detalló las razones jurídicas, normativas y de funcionamiento que respaldan las decisiones que han sido evaluadas por la Cámara.
En lo relativo a la presencia de personal de estas empresas en la Consejería, Soler recordó que estas tres entidades son empresas instrumentales de la Junta, adscritas a la Consejería de Innovación, lo que requiere de personal dedicado a coordinar las relaciones entre este departamento y las propias empresas, para garantizar el funcionamiento de los trabajos que ésta les encomienda.
Así, por razones de eficacia de los proyectos, estos empleados desarrollan su trabajo normalmente en la sede de esta Consejería en tanto se encuentre en ejecución el proyecto de que se trate.
Sobre la selección de este personal, Soler indicó que el informe no habla de incumplimiento de las obligaciones legales en estos procesos, sino de imposibilidad de comprobarlos ya que se refiere a personal contratado hace más de cuatro años, por lo que no existe obligación legal de disponer de esta documentación.
Finalmente, el consejero se refirió a las distintas contrataciones detectadas con el mismo objeto, realizadas a un mismo proveedor y formalizadas en el mismo ejercicio e indicó que debido a la naturaleza de la actividad que desempeña Sadesi, ésta tiene que realizar compras sucesivas en el tiempo pero totalmente independientes unas de otras, "de ahí que se lancen expedientes individuales de compra", dijo.
Por su parte, el diputado popular Salvador Fuentes aseguró que la Junta incumple "sistemáticamente" la legislación vigente en las empresas públicas y, refiriéndose al caso de Sandetel, indicó que las "salvedades" y "debilidades" que ve la Junta en el informe son en realidad "presuntas actuaciones al margen de la ley", por lo que el PP ha remitido el informe a la Fiscalía.
"Ustedes colocan a amigos y parientes", dijo Fuentes, quien aseguró que la Junta comete un delito de "cesión ilegal de trabajadores de una empresa pública a otra".
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
