La Fiscalía ha solicitado penas de entre dos y seis años de prisión para 31 personas, que se sentarán en el banquillo este martes ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Sevilla por presunto fraude a la Seguridad Social, por valor de casi 120.000 euros, después de que un empresario diera de alta a casi un centenar de trabajadores "de forma ficticia y simulada, sin que ninguno de ellos realmente hubiera realizado actividad alguna ni recibido salario de la empresa".
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide al citado empresario seis años de cárcel, el pago de una multa de 120.000 euros y la pérdida de obtener subvenciones y del derecho a gozar de beneficios e incentivos fiscales de la Seguridad Social durante seis años.
Según ha explicado el fiscal, este hombre es autor material de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial en concurso medial con un delito continuado contra la Seguridad Social en su tipo agravado, al ser las prestaciones defraudadas superiores a 50.000 euros.
A su vez, solicita para tres acusados dos años y ocho meses de prisión y multas de 2.190 euros, a razón de un pago de seis euros durante un año, para J.G.S.N., R.D.Q., y F.J.O.. por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro contra la Seguridad Social, mientras que para el resto solicita dos años de prisión y multas de 1.830 euros para cada uno de ellos por esos mismos delitos.
En cuanto a los hechos, el fiscal ha señalado en su escrito que entre 2011 y 2013, el empresario acusado aprovechó la estructura creada en dos empresas, de las que era administrador único y cuyo objeto social era la intermediación y gestión inmobiliaria, y los conocimientos que tenía para dar de alta a trabajadores de "forma ficticia sin que ninguno hubiera realizado actividad laboral alguna ni recibido salarios".
Ambas sociedades, agrega el fiscal, "carecían de actividad real y eran una mera pantalla para conseguir altas" en la Seguridad Social, "lo que permitió a muchos de estos trabajadores la obtención de prestaciones de la Administración Pública como el subsidio por desempleo y ayudas familiares, sin abonar ninguna de las cuotas generadas por dichas altas indebidas".
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