La consejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, presentaba ayer la envolvente financiera, es decir, el cuadro macroeconómico, en el que se moverán las cuentas andaluzas en 2010 y que prevén un descenso de una décima en los Presupuestos, la caída de la economía en un 0,3 y la destrucción de 50.000 empleos según la medición de la EPA. Además, debido al impacto de la crisis, la Junta reduce hasta el 3,5% la pérdida del PIB para este año 2008, que se inició con una previsión de caída del 1,6%.
La menor disponibilidad de recursos financieros del Estado se traduce en una importante reducción de los ingresos tributarios (descienden un 21%, 2.682 millones), tanto por la caída de la entregas a cuenta procedentes del Estado como por la menor recaudación derivada de los tributos de gestión propia.
Para compensar este descenso en los ingresos, la Junta ha optado por recurrir a la deuda pública “de forma sostenible”, según Martínez Aguayo, de manera que las operaciones financieras se incrementarán un 78% hasta alcanzar el tope del 2,5% del PIB que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria, triplicando así a la del 2009. Además, queda disponible un 0,25% del PIB para financiera inversiones productivas.
Defensora de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la consejera apuntó que Junta recurrirá al “necesario” endeudamiento “porque podemos hacerlo”, ya que “nuestra adecuada presión presupuestaria en época de bonanza, cuando aplicamos criterios de austeridad, nos ha permitido llegar a la crisis con unas finanzas públicas saneadas”.
Insistió en que estas cuentas “impulsarán” la actividad económica, defendió que son para el empleo y la formación, aunque en un contexto de “máxima austeridad”, y reiteró la educación y las políticas sociales como prioritarias en el capítulo de gastos, del que no quiso dar ningún detalle hasta que esté completamente cerrado con las Consejerías y se presente el 27 de octubre de 2009.
La bajada de ingresos tributarios, hasta un 7,9%, también ha derivado en que la Junta tenga que devolver al Estado cerca de 1.500 millones por los adelantos a cuenta del anterior sistema de financiación, una devolución que comenzará a hacerse efectiva en 2011 con un plazo de carencia de cuatro años, aunque el Gobierno andaluz ha propuesto al Ministerio de Economía que sea en cinco años.
Los recursos que proceden del Fondo de Suficiencia Financiera (8.416,4 millones) bajan un 16,3% respecto al 2009, aunque dentro de los ingresos no financieros Andalucía recibirá el próximo ejercicio unos 1.350 millones adicionales del nuevo modelo de financiación autonómica, mientras que, de los fondos europeos, Andalucía recibirá 2.722,8 millones (-1,1%), si bien los fondos ordinarios aumentarán un 7,7%.
Respecto al Fondo de Compensación Interterritorial alcanzarán los 436,9 millones, es decir una bajada del 8,6%, mientras las transferencias finalistas y otros ingresos aumentarán un 12% hasta sumar los 5.268,6 millones, debido a la aplicación de la ley de Dependencia.
En este capítulo se incluye también la deuda histórica, los 784 millones que el Estado debe abonar antes del 20 de marzo de 2010, y que la Junta consignará como ingresos monetarios aunque finalmente parte se pague en bienes y derechos, dependiendo de la negociación que de la Comisión Mixta Estado-Junta.
La consejera quiso destacar la dificultad de elaborar un presupuesto que es “realista y prudente, solvente y austero, social y para el empleo y la formación”, no aventuró cuando terminará la crisis porque ninguna previsión ha acertado y sí apuntó su esperanza en que mejore la economía tras la ralentización en la caída de los indicadores económicos.
La regulación de sueldos de las empresas públicas no afectará a todas
Por otra parte, la consejera de Economía y Hacienda confirmó que el Presupuesto andaluz para 2010 incluirá una regulación de sueldos de directivos de empresas públicas, si bien afectará, por ejemplo, a aquellas consideradas como "de medio propio" de la Junta y no a otras que, como el caso de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), la decisión sobre retribuciones recae en órganos que son de extracción parlamentaria porque es el Parlamento el que está representado en su consejo de administración.
Martínez Aguayo confirmó que los Presupuestos para 2010 recogerán la regulación de los sueldos de las empresas públicas, tal y como pidió el Parlamento, pero puntualizó que afectará a aquellas que se consideran "medio propio" de la administración, que parten para su creación de una voluntad de prestar un servicio de una determinada manera, como el caso del Hospital de la Costa del Sol o las empresas de gestión de infraestructuras educativas o culturales, en las cuales no existe "ningún argumento" para que en ellas el sueldo de los directivos esté por encima del que tiene el presidente de la Junta.
"No es razonable que haya directivos que estén por encima de ese nivel y la Ley de Presupuestos lo contemplará para su aplicación en 2010", dijo la consejera.
No obstante, añadió que, al igual que la RTVA, hay otra serie de empresas y organismos en los que la decisión sobre retribuciones recae en órganos que son de extracción parlamentaria porque es el Parlamento el que está representado en su consejo de administración.
En este sentido, estimó que "sería una flaca legislación la que haría el Ejecutivo si entrara en elementos que son competencia del poder legislativo, del Parlamento" e indicó que el Gobierno autonómico no contempla entrar en lo que "es competencia y en lo que son decisiones que tienen como base una voluntad del Parlamento".
De otro lado, preguntada sobre si existe alguna previsión de "adelgazamiento del sector público", explicó que el Presupuesto para 2010 se plantea en un contexto de "máxima austeridad" y teniendo muy claras la prioridades que se quieren atender. Dijo que es un presupuesto que está revisando “cada partida de gasto para situarla en aquello que entendemos que es el volumen que tiene que tener”, apuntando que el próximo 27 de octubre, cuando se conozca el presupuesto de gastos, se podrá comprobar "en qué se materializa la austeridad".
Por su parte, el director general de la RTVA, Pablo Carrasco, anunció ayer que los sueldos de los directivos del ente público se congelarán, aunque rechazó, como le pide el PP, rebajarlos fijando como límite los 81.155 euros que gana el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, porque para fijar los salarios "lo lógico es fijarse en lo que se gana en el sector y no en los cargos públicos de políticos", dijo.
Carrasco justificó su sueldo, de 139.345 euros, en la "responsabilidad" que tiene por desempeñar dos cargos a la vez, el de director general de la RTVA y de Canal Sur TV.
En donde sí habrá "margen de actuación" será en los gastos derivados de la producción de programas, decorados o colaboradores, dijo Carrasco, quien aseguró que la empresa está en "buena situación económica" para asumir de forma "excepcional" unos presupuestos restrictivos, ya que confía en que la situación cambie en el futuro.
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