La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado una "sobrevaloración" del resultado económico patrimonial del Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) correspondiente al ejercicio de 2017.
Así lo ha dado a conocer en una nota la Cámara de Cuentas tras haber fiscalizado determinados aspectos de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Gibraleón referida al ejercicio económico de 2017, para lo que se ha realizado una auditoría financiera y una auditoría de cumplimiento de legalidad.
De la auditoría financiera realizada, la Cámara de Cuentas advierte de que el Ayuntamiento ha reconocido en la cuenta del resultado económico patrimonial el importe total percibido por el canon de concesión de las infraestructuras hidráulicas, que "debería haberse contabilizado en Ingresos Anticipados e ir imputándose al resultado económico patrimonial en función de su devengo", de forma que "el resultado económico patrimonial se encuentra sobrevalorado en 2.225.519,19 euros".
Según la Cámara, existe una diferencia de 158.242,44 euros entre el derecho reconocido por la capitalización del canon y el mandamiento de ingreso del citado canon, que tuvo lugar en el ejercicio 2018, y el 15 de mayo de 2019 se produjo "una compensación de los mayores gastos incurridos y los ingresos que figuraban pendiente de cobro mediante una formalización de ingreso".
La Cámara también detecta que "no hay concordancia entre los datos registrados en el inmovilizado del Balance, incluido en la Cuenta General 2017, y el inventario de bienes, cuya última rectificación fue aprobada por el Pleno en sesión del 31 de marzo de 2017", y "el Ayuntamiento no ha practicado amortizaciones ni en el ejercicio 2017 ni anteriores".
Se ha constatado, además, "una diferencia entre las obligaciones pendientes de pago recogidas en el Remanente de Tesorería que ascienden a 235.738,37 euros y el importe de las obligaciones pendientes de pago de la liquidación del presupuesto que totalizan 180.690,80 euros".
SENTENCIAS JUDICIALES CONTRA EL AYUNTAMIENTO
Como consecuencia del análisis de los procedimientos judiciales informados por los asesores legales se desprende que "el Ayuntamiento tiene pendiente de registro en contabilidad deudas por importe de 2.016.394 euros correspondientes a sentencias judiciales falladas en firme en contra del mismo y pendientes de pago al término del ejercicio 2017".
Por eso, "la cuenta de otras deudas del pasivo del balance se encuentra infravalorada en dicho importe al cierre del ejercicio 2017", según la Cámara de Cuentas, que avisa de que "dicho ajuste disminuiría el resultado económico patrimonial del ejercicio".
Además, la cuenta 413, 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', presenta "errores en su operatoria contable", así como, analizando el origen de los apuntes que ocasionaron alta en dicha cuenta --contenidos en el saldo inicial y en el haber de la misma--, se detectan cuestiones como "facturas por un importe de 36.115,06 euros sobre las que no hay constancia de realización de una prestación, o bien se trata de facturas antiguas no reclamadas".
También se detectan "facturas que suman 303.225,28 euros recogidas en esta cuenta y se corresponden con servicios que han sido prestados sin consignación presupuestaria", y "un total de 60.686,73 euros han sido registrados en dicha cuenta sin especificar los motivos que originaron dichos gastos".
De la revisión de la tramitación temporal de las facturas de los capítulos 2 y 6 se detecta que "se han contabilizado durante el ejercicio 2017 facturas por importe de 172.326,20 euros cuya fecha de devengo es anterior a 2017", así como "se han registrado facturas en 2018 por importe de 136.465,76 euros que se corresponden con gasto imputable a 2017".
Según la Cámara de Cuentas, el saldo del Remanente de Tesorería para gastos generales del ejercicio 2017 asciende a 323.769,07 euros, y "puede verse afectado" por las obligaciones pendientes de pago que figuran en el Remanente de tesorería por 235.738,37 euros, mientras que el importe de las obligaciones pendientes de pago de la liquidación del presupuesto totaliza 180.690,80 euros.
También puede "verse afectado" dicho saldo por "las desviaciones de financiación originadas por los aprovechamientos urbanísticos, puesto que sobre el Ayuntamiento han recaído sentencias judiciales firmes reclamando la devolución de 2.393.013,56 euros".
Asimismo, la Cámara avisa de "desviaciones de financiación que tienen su origen en subvenciones finalistas por un importe 77.782,36 euros sobre las que han recaído resolución de reintegro y han de ser igualmente devueltas y, por tanto, no pueden constituir una fuente de financiación".
AUDITORÍA DE LEGALIDAD
En cuanto a la auditoría de legalidad, se pone de manifiesto que "las actividades, operaciones presupuestarias y financieras y la información reflejada en las cuentas anuales del ejercicio 2017 resultan conformes en todos los aspectos significativos con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos", excepto con unas "salvedades".
Así, la Cuenta General se formó con fecha de 13 de agosto de 2018, con un retraso de 74 días respecto a la fecha límite del 1 de junio contemplada en el RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Además, la rendición de la Cuenta General fue realizada con fecha 19 de noviembre de 2018, cuando el plazo máximo para ello hubiera sido el 1 de noviembre según la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía, y la Corporación Municipal "no dispone en el ejercicio 2017 de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada, tal como prevé el artículo 74 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público" (EBEP).
Además, la Cámara sostiene que el acceso en el momento de origen de la contratación de labores indefinidos declarados así por un decreto de Alcaldía en 2015 al estar en "situación de fraude de ley" "no tuvo lugar respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad previstos en el artículo 55 del EBEP".
La Corporación, además, "no tiene aprobados unos criterios objetivos para la retribución del complemento de productividad, que ha ascendido en el ejercicio 2017 a un importe total de 212.815,04 euros".
El órgano fiscalizador avisa además de que las gratificaciones totales concedidas en el ejercicio 2017 han ascendido a 69.928,05 euros, y para 16 trabajadores del colectivo de seguridad y orden público se han realizado gratificaciones por la misma cuantía en dos periodos del ejercicio 2017, "produciéndose el incumplimiento del artículo 6.3 del RD 861/1986 ya que las gratificaciones no pueden ser ni fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo".
Igualmente, "no se han realizado por parte del Ayuntamiento los informes trimestrales sobre el cumplimiento de los pagos de las obligaciones correspondiente al segundo y tercer trimestre del año, tal como establece la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales".
Asimismo, de los informes del primer y cuarto trimestre del ejercicio 2017, el Ayuntamiento ha realizado pagos por importe de 687.534,58 euros --el 41% del total de pagos realizados-- "fuera del periodo legal de pagos".
Finalmente, sobre el Ayuntamiento han recaído "al menos cuatro resoluciones de reintegro de subvenciones", según la Cámara de Cuentas, que concreta que dichos reintegros han ascendido a 648.652,52 euros, quedando pendiente de pago, a 31 de diciembre de 2017, un montante de 77.782,36 euros.
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